Convertido en juez y parte en la lucha contra la corrupción, el régimen obradorista asesta fuerte golpe a la democracia y al frágil marco institucional del país al eliminar órganos autónomos de auditoría y regulación de la función pública, que son claves para facilitar la labor ciudadana en la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.
Enemigo del gobierno abierto, el populismo autoritario se consolida mediante el secretismo, el desconocimiento generalizado de la realidad y la polarización social. Al concentrar el poder en el Ejecutivo, como ocurre en México, minimiza contrapesos necesarios y ataca de manera sistemática a los organismos independientes que lo cuestionan y exhiben.
En el manejo de los recursos públicos, se priorizan programas clientelistas electoreros y se invierte en obras de infraestructura improductivas, a menudo sin licitaciones ni mecanismos de evaluación. La crítica es descalificada como “elitista y corrupta”, enemiga del “pueblo sabio y bueno”, y se tergiversa información para proyectar una imagen favorable del gobierno.
Por ello, combatir la opacidad en la gestión pública y en el uso de los recursos es fundamental para prevenir abusos de poder y fortalecer la democracia. La transparencia genera confianza y certidumbre, reduce las oportunidades de corrupción, facilita la supervisión cívica, refuerza la seguridad jurídica y mejora el clima de inversión.
En las últimas décadas, gracias a la presión ciudadana y a la desarticulación del autoritarismo priista, la democracia en México se fortaleció con la creación de organismos como el INAI, que promueven el acceso a la información pública y facilitan la denuncia de arbitrariedades del poder desde la oposición, la academia y el periodismo crítico.
LA PRENSA LIBRE
Investigaciones de la prensa libre, como el “Toallagate” y los casos “Odebrecht” y “Casa Blanca” en los últimos gobiernos del PAN y el PRI, impensables sin el acceso a información pública, evidenciaron la corrupción, debilitaron el autoritarismo y favorecieron el avance democrático que culminó en 2018 con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador.
No obstante, disfrazado de “demócrata”, con un público cautivo al que controla mediante el asistencialismo, el morenismo socava desde 2018 las bases de la transparencia que le beneficiaron, rechaza la crítica, desacredita la denuncia y pone en marcha agresivo plan de destrucción de contrapesos que, en estos días, también alcanza a los órganos autónomos.
Ofrece acabar con la corrupción, pero centra sus esfuerzos en desmantelar los equilibrios de poder y las fuentes de información que nutren la denuncia ciudadana. La lucha anticorrupción sucumbe ante la negativa del régimen a investigar lo denunciado y la obstinación por impedir que salgan a la luz los malos manejos de los recursos del “pueblo”.
Siguiendo al pie de la letra los planes de su mentor, la presidenta Claudia Sheinbaum argumenta con descaro que la desaparición de organismos independientes busca “acabar con la duplicidad de funciones, evitar gastos innecesarios y permitir un uso racional de los recursos públicos”. Asegura que habrá menos opacidad a pesar de que el gobierno sería juez y parte.
“CEGUERA” POPULAR
Aferrada a un apoyo popular sustentado en gran parte en el desconocimiento de la realidad y la falta de cuestionamientos ante la “ceguera” generada por el clientelismo, la presidenta de México manipula la información y se niega a reconocer graves casos de corrupción y falta de transparencia, como los de Segalmex y las obras faraónicas del régimen.
Justifican el nuevo golpe a la democracia señalando supuestos derroches en los órganos autónomos, cuyo costo total asciende a $5,000 millones anuales, de los cuales $1,000 millones corresponden al INAI. Sin embargo, el presupuesto para 2025 destina más de $50,000 millones a ineficientes elefantes blancos como “Dos Bocas”, el AIFA y el Tren Maya.
El gobierno asigna más de $2 billones a los improductivos programas del Bienestar, que embelesan al “pueblo”, y más de $1 billón a subsidios para combustibles y energía. Al mismo tiempo, incrementa la deuda pública, cuyos pagos de intereses suman $1.39 billones, pero reduce considerablemente los gastos en infraestructura productiva, salud, ciencia, tecnología y educación.
En Yucatán, el gobernador hace oídos sordos ante la denuncia del periodismo independiente sobre desvíos superiores a los $700 millones en el plan “Sembrando Vida” de los programas del Bienestar, que contribuyeron a su llegada al Palacio de Gobierno, y guarda un silencio cómplice frente a las graves imputaciones contra el corrupto “clan de los moches”.
Siguiendo el ejemplo de sus admirados mentores en el movimiento guinda, Huacho Díaz Mena parece no mostrar interés en aprovechar la denuncia periodística y ciudadana para fortalecer su gestión. Continúa, sin cesar, con la simulación populista de los manipuladores programas sociales y celebra, sin medida, los atropellos a la democracia del régimen morenista.
RECHAZO UNÁNIME
El rechazo de la sociedad independiente y de analistas críticos al atentado contra órganos autónomos es unánime. Se denuncia grave retroceso en la apuesta democrática impulsada en gobiernos anteriores para transparentar la información y la función pública, y se cuestiona la obsesión por concentrar el poder y eludir la rendición de cuentas.
Organismos como “Artículo 19”, defensor de la libertad de expresión, advierten de un retroceso de 40 años en transparencia y denuncian que se socava el derecho ciudadano de cuestionar el ejercicio gubernamental. Con la estocada a los organismos independientes, alertan, “se elimina importante contrapeso y se asesta fuerte golpe a la seguridad jurídica”.
El grave deterioro del Estado de Derecho genera ya serias advertencias de nuestros socios internacionales, como las amenazas de cercanos colaboradores de Donald Trump y líderes canadienses que piden marginar a México del acuerdo comercial de América del Norte, por sus crecientes exabruptos antidemocráticos y su “coqueteo” con China.
Ante la negativa del régimen a dialogar, admitir errores o frenar el avance antidemocrático iniciado en 2018, la recomendación es clara: no bajar la guardia. La transparencia es un derecho y una responsabilidad colectiva, no un favor del gobierno. La presión y la vigilancia, desde nuestras respectivas trincheras, deben ser constantes.— Mérida, Yucatán.
*) CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA, director general de Diario de Yucatán y Grupo Megamedia
Correo: direcciongeneral@megamedia.com.mx
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