Carlos R. Menéndez Losa director general de Diario de Yucatán y Grupo Megamedia
Carlos R. Menéndez Losa, director general de Diario de Yucatán y de Grupo Megamedia

CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)

Cuando falta un Estado de derecho sólido y las instituciones no cumplen sus responsabilidades, la “justicia popular” se convierte en una opción peligrosa. Si las leyes no se aplican de manera justa y efectiva, el “pueblo” pierde la confianza en las autoridades y cae en una espiral de violencia que solo beneficia a quienes buscan el caos o un mayor control.

En un clima de impunidad y corrupción, si el Estado falla en su función básica de garantizar la seguridad, se propicia que la población tome justicia por su propia mano. La ineficiencia de la autoridad, a menudo coludida con poderes mayores como el crimen organizado, conduce a una normalización de la violencia y a la violación de normas y derechos fundamentales.

Si la justicia no funciona y la violencia se normaliza, se pierde la confianza en las instituciones democráticas y se allana el camino al autoritarismo, propio del populismo. Quienes se benefician del caos aprovechan la inseguridad para eliminar contrapesos, polarizan a la sociedad para fomentar el odio y obstaculizan el diálogo necesario para lograr acuerdos.

Con la amenaza latente de los exabruptos de Donald Trump y la sombra permanente de un autoritarismo que, disfrazado de justicia social, sigue fortaleciéndose en México —y en particular en Yucatán—, concluye una semana marcada por sucesos que confirmarían el avance populista sobre el cual hemos reflexionado en este espacio en los últimos meses.

En Sinaloa, la sociedad se levanta para exigir un alto a la violencia que les agobia (bit.ly/3EuXkqV). Se alerta de investigaciones sobre los vínculos del gobernador Rocha Moya con el crimen organizado, en particular con el narco, y el régimen morenista, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sale en su defensa. El cinismo se impone sobre la transparencia.

FINANCIAMIENTO

Informes de inteligencia en poder del gobierno acusan a Rubén Rocha de haber recibido financiamiento, al igual que otros gobernadores morenistas, de los “reyes del huachicol”, un cártel con extendida presencia en el Sureste (bit.ly/3WGWRs9). Se exige una investigación profunda y su destitución, pero el morenismo responde que solo “el pueblo” puede removerlo del cargo.

Reacia, al parecer, a aceptar las exigencias del presidente Trump, enfocadas en frenar la migración ilegal y el tráfico de fentanilo, Claudia Sheinbaum insiste en que la violencia en Sinaloa es producto de la “arbitraria” detención de “El Mayo” Zambada y su traslado a Estados Unidos. Lo que el poderoso narcotraficante pudiera declarar aterra al régimen.

En Yucatán, el gobernador Díaz Mena se rasga las vestiduras ante los hechos de violencia que derivaron en el linchamiento de un joven en Tekit. Hace un llamado a conservar la paz “que nos caracteriza” y a respetar la ley, pero al mismo tiempo enfoca sus esfuerzos en fortalecer el morenismo mediante presiones y amenazas a alcaldes de otros partidos.

Se nos advierte de peligroso retroceso a la “política rupestre” del pasado, marcada por la improvisación y la falta de institucionalidad en la toma de decisiones, y se confirma que el clientelismo improductivo que caracteriza al obradorato ya está afectando seriamente la economía. La desaceleración en México, incluso sin el efecto arancelario de Trump (bit.ly/3WJwr99), es una cruda realidad.

POLARIZACIÓN

Los lamentables sucesos en Tekit nos recuerdan, una vez más, los efectos devastadores del tráfico de drogas en nuestras comunidades y el peligro al que nos enfrentamos con el avance del crimen organizado en colusión con la autoridad (bit.ly/4jKd5L5). También nos alertan sobre las consecuencias del rencor y el resentimiento acumulados ante el gobierno ineficiente.

Si sembramos polarización, cosecharemos odio y frustración. Si nos hacemos de la vista gorda ante la impunidad oficial frente a la creciente corrupción y permanecemos como testigos apáticos del ataque permanente a las instituciones, es muy probable que nos lamentemos de muchos casos más como los ocurridos esta semana en Sinaloa y Yucatán.

Fortalecer las instituciones, erradicar la impunidad y restaurar el Estado de derecho son esenciales si queremos frenar el avance del populismo autoritario. Como nos alerta la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, “la impunidad contribuye a alimentar la violencia y la venganza por mano propia. Fomentar el diálogo y la conciliación es clave” (bit.ly/4hIkUz3).

“Las autoridades deben garantizar la seguridad y proteger a toda la población. Linchar a una persona perpetúa y extrema la violencia, la cual el Estado debe prevenir e investigar de manera diligente”, denuncia el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al condenar los vergonzosos hechos de violencia e impunidad en Tekit (bit.ly/42ELzs1).

DESCOMPOSICIÓN

Si queremos evitar que la violencia siga avanzando en Yucatán de la mano del crimen organizado, debemos actuar. Es recomendable estar muy atentos a la posible reproducción en estas tierras de los factores de descomposición social que agobian a Sinaloa. Vigilar el desempeño de nuestras autoridades y cuestionar sus ineficiencias es un buen primer paso.

“Los yucatecos no somos así”, afirma Huacho Díaz al reprobar los sucesos de Tekit. “Yucatán es y seguirá siendo un estado de paz. Somos un pueblo que ha construido su identidad sobre la solidaridad y el respeto a la ley…”, exclama el gobernador, como si la violencia pudiera erradicarse por orden o decreto. En sus manos está demostrar cuán cierto es lo que afirma.

La realidad nos atropella. Los hechos son claros. Nuestras autoridades se ven cada vez más rebasadas por un clima de incertidumbre y zozobra que su ineficiencia, impunidad ante la corrupción e incongruencias han fomentado. La crisis de inseguridad que estalló en Tekit es una magnífica oportunidad para la reflexión comunitaria.

Finalmente, nos sumamos a las exhortaciones de la ONU, la Cohdey y el arzobispo de Yucatán en favor de una impartición de justicia más profesional, que ponga freno a esa “justicia popular” que se afianza peligrosamente ante el débil Estado de derecho producto del avance del populismo autoritario durante el obradorato.- Mérida, Yucatán.

direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diarioyucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)


(*Director general de Grupo Megamedia

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