CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Presionada, al parecer, por los arrebatos de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum exclamó el martes pasado en Palacio Nacional: “Caiga quien caiga”. En la lucha contra el huachicol, aseguró: “No se encubrirá a ningún servidor público o empresario involucrado. No vamos a proteger a nadie, llegaremos hasta el fondo… pero tiene que haber pruebas”.
Su mentor, el expresidente López Obrador, repetía con frecuencia: “Nos robaron el petróleo, pero ya no podrán seguirlo haciendo. Esto se terminó, se acabó el huachicol, símbolo de corrupción tolerada por el neoliberalismo”. Convirtió el robo de combustibles en emblema de su lucha anticorrupción, pero el problema persistió, con escandalosa impunidad.
En los primeros años del obradorato, no se procesó a ningún “pez gordo” por el huachicol. AMLO se justificaba argumentando que “se estaba investigando” y que no habría impunidad, pero heredó una bomba de tiempo a su discípula, quien tuvo que reconocer el problema e inició un tímido combate, con golpes más mediáticos que estructurales.
El huachicol afecta gravemente las finanzas de Pemex y, por ende, las del país. Sigue generando pérdidas millonarias a la petrolera más endeudada del mundo —más de 10,000 millones de pesos anuales— y agrava el déficit fiscal del gobierno, que se ve obligado a incrementar la deuda y recortar inversión pública, así como otros gastos de alto impacto social (bit.ly/44IuhtH).
También representa una seria amenaza a la estabilidad política. Como alertó el lunes pasado el Consejo Nacional de Laicos, el huachicol es uno de los mecanismos de corrupción más graves: una “alianza peligrosa” entre funcionarios de todos los niveles, empresarios, sindicatos, cárteles del narcotráfico y actores políticos vinculados con el obradorato (bit.ly/3IFCR4Q).
COMPLICIDAD
El robo de combustibles no solo persiste, sino que ha evolucionado a una forma de crimen organizado más compleja, rentable y peligrosa. En regiones estratégicas de México, se ha vuelto un instrumento de control territorial para cárteles como el del Golfo y el CJNG, así como una fuente alternativa de financiamiento para grupos armados.
Se ha convertido también en una fuente informal de recursos para candidatos afines al régimen morenista, particularmente en zonas de alto control criminal. El patrón de complicidad es evidente: en regiones dominadas por huachicoleros se vota masivamente por Morena, y los grupos criminales gozan de una tolerancia inexplicable de las autoridades.
Donde el Estado es débil o cómplice, y donde hay menos contrapesos al poder, el crimen organizado provee más dinero, control social y votos. Morena y sus aliados lo han sabido aprovechar muy bien. En muchas entidades —como ahora en Yucatán— han desplazado a los partidos tradicionales, como el PRI, pero recurriendo a métodos aún más oscuros.
Sin una fiscalización real del dinero en las campañas, y sin contrapesos como un Poder Judicial independiente, los vínculos entre el huachicol y el poder político seguirán profundizándose. También lo harán las arbitrariedades del morenismo contra quienes los critican o los exhiben, como estaría ocurriendo ahora en Yucatán con el presidente del PRI en Mérida.
Excolaborador cercano del gobernador Huacho Díaz y fuerte crítico de su gestión en los últimos meses, el priista Rafael Echazarreta —detenido anteayer por una supuesta denuncia de fraude— había alertado sobre el creciente poder de grupos ajenos a Yucatán en el gobierno estatal. Se mencionaban, en particular, redes del huachicol provenientes de Tabasco.
LAS “PRUEBAS”
Existen evidencias y señalamientos que vinculan con el huachicol a operadores cercanos a Morena, así como a funcionarios y aliados empresariales, como el grupo que encabezan “Andy” López Beltrán y Amílcar Olán, quienes habrían apadrinado el arribo de Huacho Díaz al partido. Pero el régimen se resiste a investigar y, como siempre, exige “pruebas”.
Meterse con esos “peces gordos” implicaría abrir una caja de Pandora capaz de sacudir estructuras enteras del obradorato. Por ahora, el régimen ha preferido irse contra delincuentes menores, dejando intocables a altos funcionarios de Pemex, líderes sindicales, empresarios contratistas de la petrolera, operadores políticos morenistas y familiares de AMLO.
Se informa que el gobierno de Donald Trump ya ha iniciado una incriminación penal contra López Beltrán —“desaparecido” en los últimos días— por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal. También se advierte sobre la información comprometedora que podría surgir del juicio en los Estados Unidos contra el narcotraficante Ovidio Guzmán.
La presión del bravucón del Norte se intensifica. Ayer mismo, Trump volvió a amenazar con imponer aranceles del 30% a productos mexicanos. Alega que el gobierno no ha hecho lo suficiente para frenar el poder de los cárteles y el tráfico de fentanilo. Claudia Sheinbaum se resiste, pero todo indica que el agua ya le está llegando a los aparejos.
Mucho habremos de ver en los próximos días. Los “peces gordos” se acercan al cadalso. Combatir el huachicol requiere voluntad política para sancionar a los responsables… o fuertes presiones del exterior. Mientras persista la impunidad, se seguirá drenando recursos y corrompiendo instituciones. Estemos alertas, en particular en Yucatán.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
Resumen en tres párrafos:
El combate al huachicol, presentado por López Obrador como símbolo de su lucha anticorrupción, ha sido una simulación. A lo largo del sexenio no se procesó a ningún “pez gordo”, mientras las pérdidas para Pemex —la empresa estatal más endeudada del mundo— superaron los 10,000 millones de pesos anuales. Claudia Sheinbaum ha heredado este problema sin resultados contundentes, limitada por intereses internos y presionada por el gobierno de Donald Trump.
El huachicol no solo afecta las finanzas públicas, sino que se ha convertido en una compleja red de corrupción que involucra a cárteles, funcionarios, empresarios, sindicatos y operadores políticos de Morena. En regiones clave del país, especialmente donde el Estado es débil o cómplice, el robo de combustible se ha vuelto una herramienta de control territorial, una fuente informal de financiamiento electoral y una amenaza directa a la estabilidad institucional.
A pesar de señalamientos que implican a figuras como “Andy” López Beltrán y Amílcar Olán, el régimen evita investigar y sigue exigiendo “pruebas”. Pero la presión internacional crece: Trump amenaza con aranceles y se anticipan revelaciones judiciales en EE.UU. que podrían sacudir al obradorismo. La impunidad drena al país y corrompe sus instituciones. Yucatán no está exento: ya hay señales de captura política en marcha.