Es la “mañanera” del viernes 18 de julio. La presidenta titubea: confunde Tabasco con Tamaulipas. Se le ve nerviosa, desencajada. Afirma no estar enterada de la supuesta muerte de Hernán Bermúdez en Panamá. Parece atada de manos. Los golpes de esta semana han sido muchos (bit.ly/4m4i3Td). Si no está involucrada en los últimos escándalos de Morena, debe actuarpronto.
La presión es grande. Trump vuelve al ataque: acusa al gobierno de México de estar sometido al poder de “salvajes narcotraficantes y criminales” que —dice— controlan el país. Claudia Sheinbaum se ofende y, una vez más, asegura que su bravucón colega está mal informado. También se indigna por las acusaciones del abogado del narco junior Ovidio Guzmán.
“Actúa como vocera de los cárteles mexicanos”, acusa Jeffrey Lichtman, polémico defensor de “El Chapito”. “Sabemos que se comporta más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que el pueblo mexicano merece” (bit.ly/46oZVyV). El obradorato y su corte de aduladores reaccionan con virulencia. Se olvidan de la prudencia.
Los golpes también son por el escándalo bancario. A pesar de las acusaciones por lavado de dinero en favor del narco, el gobierno aún no inicia investigaciones formales contra Intercam, CIBanco y Vector, éste vinculado con el “amlista” Alfonso Romo. “Por ahora, solo sanciones administrativas; algo adicional dependerá de hallazgos futuros”, se justifica Claudia.
Con “Andy” López Beltrán desaparecido de la escena pública, al igual que Alfonso Romo, la trama del huachicol estalla en Tabasco y en Palacio Nacional. Se acusa de narcotráfico y se gira orden de aprehensión contra el yucateco Bermúdez Requena, cercano colaborador de Adán Augusto López, otro afamado “amlista”. De entrada, la presidenta los arropa.
Desde Palacio se intenta defender a los acusados, pero los hechos y la presión internacional son abrumadores. La Interpol informa que va tras las huellas de Bermúdez —cabeza de “La Barredora”, célula delictiva del CJNG—, y un reconocido grupo de asesores asegura que Adán Augusto sabía, al menos desde 2018, de los vínculos de Hernán con el crimen organizado(bit.ly/4eZrlO2).
“Nosotros no protegemos a nadie; si la fiscalía tuviera algo, que investigue”, afirma con cinismo la presidenta. Le siguen a coro Fernández Noroña, Luisa Alcalde y otros connotados obradoristas que defienden sin rubor a Adán Augusto y denuncian una “cacería de brujas” orquestada por enemigos del “movimiento”. Intentan salvarlo, desafiliando a Bermúdez de Morena.
En Yucatán, el escándalo del huachicol salpica al gobierno estatal. Se confirma que Bermúdez Requena huyó del país desde Mérida, donde habría iniciado, en 1999, sus vínculos con el narcotráfico, transportando cocaína a Villahermosa para su distribución en antros. La telaraña alcanza al constructor Mario Millet, asesor de Huacho Díaz y pariente de Bermúdez (bit.ly/3GUOLHA).
DOBLE VARA
Sorprende el silencio cómplice y la doble vara con que actúa el gobernador. Se procede con celeridad contra Rafael Echazarreta, presidente del PRI en Mérida, y contra Warnel May, exalcalde de Izamal, pero resulta increíble la lentitud frente a las escandalosas denuncias contra el “rey de los moches” y los morenistas Roger Aguilar, Carlos Moreno y Rogerio Castro(bit.ly/3TRSzwe).
Si realmente no están involucrados en los escándalos, la presidenta y el gobernador de Yucatán tendrían que desmarcarse pronto. Los hechos de los últimos días confirman lo que era evidente: en el obradorato, a los adversarios se les investiga de inmediato, se les exhibe y se les condena mediáticamente, mientras que a los aliados cercanos se les solapa o encubre.
La consigna es precisa: “No mentir, no robar, no traicionar… salvo que seas de los nuestros”. Calderón y García Luna son una vergüenza nacional, pero Adán Augusto y su cómplice Bermúdez son “víctimas de una cacería de brujas” orquestada por los perversos conservadores. Echazarreta es un hampón, pero Mario Millet es un “aliado clave de la voluntad popular”.
Ha quedado claro esta semana que la cacareada lucha contra la corrupción no ha sido más que retórica populista, una incongruencia más del régimen obradorista. Se promete combatirla, pero se solapan los abusos de los leales. “No hay pruebas”, repiten cada día. Ayer exigían castigos ejemplares; hoy encubren, con descaro, el silencio, la farsa y la impunidad.
Cada vez resulta más evidente que en el obradorato esa supuesta batalla no se rige por principios, sino por conveniencias. Lo que en verdad les incomoda no es el acto corrupto, sino que se haga público, que sea insostenible mediáticamente o que genere presión externa. Cuando el escándalo crece, la respuesta llega de inmediato, y no por ética, sino por simple cálculo.
Tomemos nota de los aprendizajes. Los nervios y el rostro desencajado de la presidenta son prueba de cuán decisiva puede ser la presión pública —interna o externa— para obligar al gobernante a actuar con corrección, o al menos a evitar la simulación. El verdadero combate a la impunidad comenzará el día en que se reaccione no al escándalo, sino al acto mismo.
El regreso de Trump a la presidencia ha resultado muy útil para exhibir las contradicciones y debilidades del obradorismo. Ha puesto al descubierto la negativa del régimen a investigar sus propias redes de complicidad con el crimen organizado. Romper esas cadenas es indispensable para reconstruir el Estado de Derecho. Hay que estar muy alertas.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
Resumen en tres párrafos:
Este artículo denuncia que en el régimen obradorista la lucha contra la corrupción es selectiva y oportunista. Se actúa con dureza contra los adversarios, mientras se encubre a los aliados cercanos, incluso si hay evidencias graves en su contra. Casos recientes, como el del exfuncionario Bermúdez Requena y su presunta vinculación con el narcotráfico, así como los escándalos financieros relacionados con bancos y empresarios afines a Morena, evidencian una aplicación facciosa de la justicia.
La reacción oficial no responde a principios éticos, sino a la presión mediática o internacional. La presidenta muestra nerviosismo y confusión ante los señalamientos, pero el gobierno solo actúa cuando el escándalo se vuelve insostenible. Se privilegia el cálculo político por encima del deber institucional, lo que profundiza la simulación y erosiona aún más la credibilidad del combate a la impunidad.
El texto concluye con una advertencia: el regreso de Trump ha expuesto aún más las contradicciones del obradorismo, obligando a que salgan a la luz sus redes de complicidad con el crimen organizado. Romper esas cadenas es urgente para restaurar el Estado de Derecho. Mientras tanto, la presión pública —más que la voluntad del gobierno— sigue siendo el principal freno a la corrupción.