CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Horas antes del triunfalista primer informe presidencial, se da a conocer un desplome severo en la inversión pública destinada a infraestructura productiva, clave para el desarrollo. Al cierre de julio, la inversión directa cayó 54.1% y los proyectos específicos 72.1%, una contracción global del 62.8%, lo opuesto al creciente gasto en asistencialismo clientelista (bit.ly/422LJbV).
Tras el derroche electoral de 2024, la inversión en infraestructura se reduce este año del 3.1% del PIB al 2.3%, una caída que refleja la concentración de recursos durante los primeros siete años del obradorato en megaproyectos improductivos como el Tren Maya. En las economías más desarrolladas del mundo, esa inversión suele oscilar entre el 5 y el 6% del PIB.
En consecuencia, el crecimiento económico se frena, agravado por la falta de incentivos a la inversión privada. Para impulsar el desarrollo se requieren, sobre todo, seguridad jurídica y física, estabilidad macroeconómica, infraestructura adecuada y un gobierno confiable que respete las reglas. No obstante, desde 2018 la tendencia ha ido justamente en sentido contrario.
¿Qué tendríamos que celebrar, entonces, como sugiere el triunfalismo morenista? ¿Qué justificaría el complaciente y “muy prudente” mensaje de la presidenta de Canacintra, que expresa su “reconocimiento” a la titular del Ejecutivo con motivo de su primer informe? Claudia Sheinbaum resalta, ante todo, la supuesta reducción de la pobreza… pero no ofrece detalles.
En efecto, los índices de pobreza muestran cierta mejora desde 2018, pero gracias a un clientelismo que, lejos de erradicarla a largo plazo, desperdicia recursos que podrían destinarse al desarrollo productivo sustentable —si ese fuera el objetivo—. ¿Cuál debe ser el rol principal del gobierno: distribuir subsidios o fomentar el crecimiento? ¿Qué queremos para el país?
Alejado del servilismo que le caracteriza, el CCE de Francisco Cervantes nos alerta esta semana: la reducción de la pobreza es un avance que solo podrá sustentarse con mayor inversión productiva y empleo formal, en plena coordinación entre el gobierno y el sector privado. Además, apunta con precisión al principal obstáculo para lograrlo: la falta de certeza jurídica (bit.ly/3VCvkHi).
El empresariado insiste en la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, pero su llamado choca con la realidad: siete años de un populismo que avanza sin frenos hacia un retorno del hegemonismo autoritario, eliminando contrapesos fundamentales. Sin estos límites, advierte la Coparmex, se erosiona la confianza en la inversión y se compromete el desarrollo económico (bit.ly/4pcKBvZ).
La jornada del lunes primero, plagada de farsas e incongruencias, debería percibirse como una seria llamada de atención sobre lo que se avecina. Un Ejecutivo ensoberbecido —que se presenta como la encarnación de la “voluntad popular” y se otorga su propia “patente de corso”— y un “nuevo” Poder Judicial maniatado no son precisamente aliados de la certeza jurídica.
LEGALIDAD
Si queremos que la pobreza disminuya de manera sostenible, debemos exigir a nuestras autoridades normas claras, instituciones confiables, un Poder Judicial independiente y un gobierno sometido a la ley, no a los caprichos ni a la arbitrariedad. La creciente impunidad y la polarización reinantes van exactamente en sentido opuesto.
Urge fortalecer las debilitadas instituciones autónomas que auditan al poder político, así como la libertad de expresión, que enriquece la participación ciudadana y resulta clave para la vigilancia de las autoridades. Para contar con un Estado de derecho pleno, nada ni nadie debe estar por encima de la ley, y eso, claramente, no le conviene al populismo autoritario.
La farsa democrática que vivimos el primero de septiembre —con el poco realista primer informe presidencial en el Congreso federal y la asunción de ministros débiles en la Suprema Corte, surgidos de un proceso sustentado en falsas mayorías calificadas y rechazado por la ausencia ciudadana en las urnas— confirma el retroceso populista del que hemos venido alertando (bit.ly/3JJePGX).
El avance arrollador del morenismo parece imparable. Los cañones se dirigen ya al nuevo objetivo: una reforma que buscaría someter aún más al órgano electoral, uno de los pocos organismos autónomos aún activos. Se consolida así un retroceso de más de cuarenta años, que nos acerca a la reinstauración de un poder casi absoluto, disfrazado de democracia plebiscitaria.
MARCHA ATRÁS
Un retroceso que se extiende por todo el país, Yucatán incluido. La concentración del poder en el Ejecutivo y la sumisión de los poderes Legislativo y Judicial nos conducen al renacimiento de un presidencialismo autoritario, alimentado por una débil participación ciudadana y una dependencia asistencialista creciente, que premia la lealtad electoral, no el mérito (bit.ly/3JR70iw).
Mucho hemos perdido, desde 2018, de los contrapesos construidos durante la transición de los años ochenta y noventa, de la competencia democrática fruto de décadas de reformas electorales. Y mucho más podríamos perder si no ponemos un freno al avance del populismo autoritario. En Yucatán, más vale abrir los ojos y poner las barbas a remojar. El deterioro avanza.
Los oportunos llamados del CCE y de Coparmex motivan; la “prudencia” de Canacintra inquieta. Los números no mienten: la inversión productiva se debilita. El régimen no disimula sus perversos fines de control político. Sus ataques permanentes a las bases de la certeza jurídica representan un serio peligro para el desarrollo. Urge decir basta.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central del texto es una alerta crítica sobre el retroceso democrático y económico en México bajo el populismo morenista, enfatizando cómo las decisiones gubernamentales y la concentración del poder afectan la inversión productiva, la certeza jurídica y la institucionalidad.
En detalle, el texto comunica que:
- 1) La inversión productiva se desploma mientras el gasto asistencialista crece, lo que frena el desarrollo económico y erosiona la confianza del sector privado.
- 2) El clientelismo no combate la pobreza de forma sostenible, y el subsidio se presenta como un paliativo temporal frente a la necesidad de crecimiento y empleo formal.
- 3) La certeza jurídica y el Estado de derecho están en riesgo, debido a un Ejecutivo fuerte y un Poder Judicial subordinado, debilitando los contrapesos y la transparencia institucional.
- 4) El populismo avanza sin frenos, con intención de controlar organismos autónomos, consolidando un poder casi absoluto disfrazado de democracia plebiscitaria.
- 5) Se hace un llamado a la sociedad y al empresariado para exigir instituciones confiables, leyes claras, libertad de expresión y freno al autoritarismo, resaltando la importancia de proteger la democracia y el desarrollo económico.
En síntesis: el texto denuncia un retroceso autoritario disfrazado de democracia y la amenaza que esto representa para el desarrollo sostenible, la inversión y la participación ciudadana, instando a actuar antes de que el deterioro sea irreversible.