CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Es una de las tres obras más caras de la historia moderna de México, junto con la refinería de Dos Bocas y el abortado aeropuerto de Texcoco. En un principio se anunció una inversión de 140 mil millones de pesos, pero ya supera los 500 mil millones, debido a sobrecostos que el régimen se niega a aclarar. Sus pérdidas anuales rebasan los 2 mil 500 millones de pesos.
Con baja afluencia de pasajeros, estaciones y hoteles subutilizados, una operación altamente subsidiada y un impacto ambiental sin precedentes, se ha convertido en un nuevo elefante blanco que asfixia aún más las finanzas públicas. Sus magros ingresos no alcanzan a cubrir ni una décima parte de los crecientes egresos. Requerirá enormes subsidios para subsistir.
Obra cumbre del obradorato, el proyecto fue presentado como una promesa de empleos, reducción de la pobreza, mejor conectividad, cuidado ambiental y desarrollo de los pueblos indígenas, todo para “rescatar” al olvidado Sureste. La realidad es otra: empleos temporales, impacto incierto en la pobreza, destrucción de la selva y abandono de las comunidades locales.
A pesar de las advertencias de científicos y ecologistas, su construcción ha causado graves daños ambientales. En el tramo 5, el más destructivo, al menos 125 cenotes están en riesgo de colapso por las vibraciones y la invasiva cimentación, que incluye más de 15 mil pilares de acero y concreto sobre un terreno plagado de cavidades subterráneas (bit.ly/4ayfQNt). Una catástrofe ecológica.
Por la falta de planeación oportuna y las prisas por concluir la obra para saciar el ego del “tlatoani”, se incurrió en sobrecostos que la Sedena se niega a justificar bajo razones de “seguridad nacional”. Escandaloso resulta el caso del balastro cubano, adquirido sin licitación pública, en beneficio de la dictadura castrista y de intermediarios cercanos a la familia López Obrador.
Los 500 mil millones de pesos derrochados en la obra —que fortalece la peligrosa militarización de México— habrían sido suficientes para construir aproximadamente 80 hospitales de alta especialidad, 300 universidades públicas o 10 mil kilómetros de carreteras. El gasto de este proyecto faraónico equivale a más de ocho veces el presupuesto anual del gobierno de Yucatán.
El Tren Maya, “orgullo” de la 4T, es el ejemplo por antonomasia de la forma de gobernar y administrar los recursos públicos del régimen populista que se afianza en México desde 2018. La prioridad no es la eficiencia, sino el simbolismo político: la opacidad se impone a la transparencia, con costos inflados que terminan financiando programas clientelares y campañas electorales.
Las obras de infraestructura se politizan: se concentran las decisiones, se eliminan los controles, se premia la lealtad sobre la capacidad, la obra pública se utiliza como propaganda o botín de gobernantes y secuaces, y se privilegia la “urgencia” sobre el rigor técnico. En los proyectos del obradorato se confirma que el control político se impone a la administración responsable.
LA IMPUNIDAD
Sin vigilancia real, nadie paga por las malas decisiones; la impunidad es la gasolina del populismo, que convierte errores como el dispendio ferroviario en una pesada carga para el futuro. Se dilapidan recursos, se incrementa la deuda pública sin un beneficio social tangible, se debilitan las instituciones creadas para frenar abusos y se polariza a la sociedad para encubrir fracasos.
Todo se justifica en nombre del “pueblo”. Decisiones irresponsables y abusos de poder se presentan como actos de justicia social, pero esa irresponsabilidad produce efectos reales, como menos recursos para salud y educación. El resultado es un país más empobrecido y polarizado, como quedó expuesto con claridad el miércoles 10 en la entrega del Premio Nobel de la Paz.
El dispendio en el Tren Maya es un buen ejemplo de por qué urge mayor interacción entre el gobierno y quienes generan riqueza, como exhortó esta semana el presidente de Canacintra en Yucatán. En un comentado análisis sobre el impacto de los impuestos en las finanzas de una empresa, el líder empresarial insistió en su demanda de diálogo con la administración estatal.
“La riegan y nos pasan la factura; nos volvemos una especie de cajero automático”, afirmó Alejandro Gómory Martínez. El llamado fue claro: va contra toda lógica de productividad seguir cargando la mano a los empresarios, vía mayores impuestos, “para corregir los efectos de malas decisiones” en la gestión pública. “Que nos involucren en sus planes”, reiteró (bit.ly/4oSfnJ8).
En una democracia, el diálogo permite corregir errores a tiempo; es un mecanismo de prevención. Escuchar a expertos, ciudadanos, órganos especializados y al periodismo libre permite detectar fallas que el gobierno no ve —o no quiere ver—. Sin diálogo no hay contrapesos y la democracia se deteriora, porque no es unanimidad, sino negociación al amparo de la ley.
NO ES GRATUITA
Cuando no se dialoga, los errores se repiten y los costos se multiplican. Para los regímenes populistas, el diálogo es un estorbo: se elimina para mantener el control, imponer una narrativa y evitar la rendición de cuentas. La democracia no es gratuita, tiene costos de los que debemos ser conscientes, como advirtió la venezolana María Corina Machado el miércoles, en Oslo.
En el vibrante discurso que su hija Ana Corina pronunció magistralmente, la Premio Nobel de la Paz dirigió un mensaje indirecto a los demócratas mexicanos: “Para tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad, que no es algo que se deba esperar, sino algo a lo que hay que dar vida mediante una ética ciudadana que debe renovarse cada día” (bit.ly/4pK1Gxu).
En Venezuela, expuso María Corina, “cuando comprendimos cuán frágiles se habían vuelto nuestras instituciones, ya era tarde”. El régimen, recordó, “se dedicó a desmantelar la democracia: violó la Constitución, corrompió a las Fuerzas Armadas, purgó a los jueces independientes, censuró a la prensa y devastó nuestra identidad. Se propuso dividirnos, y lo logró con creces”.
Pongamos nuestras barbas a remojar. El avance del populismo autoritario parece no tener freno en México, en particular en Yucatán, y avanza de manera acelerada. Exijamos diálogo y que nos tomen en cuenta; es importante, pero no perdamos de vista que la libertad no es un don gratuito y que debemos luchar por conservarla. Aún estamos a tiempo.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central del texto es de advertencia y llamado a la responsabilidad cívica. A través del caso del Tren Maya, el escrito sostiene que el populismo autoritario gobierna sin planeación, sin diálogo y sin rendición de cuentas, utilizando el discurso del “pueblo” para justificar el dispendio, la opacidad, la militarización y el deterioro ambiental, con costos reales que terminan pagando los ciudadanos en forma de menor bienestar, más deuda y mayor polarización.
El escrito subraya que la impunidad es el combustible de ese modelo: cuando no hay vigilancia ni contrapesos, los errores se repiten y se vuelven estructurales. La obra no es presentada como un fracaso aislado, sino como el síntoma de una forma de ejercer el poder que privilegia el simbolismo político y el control sobre la eficiencia, la técnica y el interés público.
Finalmente, el texto llama a no normalizar esa deriva. Reivindica el diálogo como esencia de la democracia y recuerda, con la experiencia venezolana, que la pérdida de libertades suele ser gradual e imperceptible hasta que es demasiado tarde. El mensaje es claro: México aún está a tiempo, pero defender la libertad exige participación, exigencia ciudadana y la conciencia de que la democracia no es gratuita ni automática.