CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Es el caso de corrupción más grave en la historia de México. Lo dio a conocer Grisel Galeano, entonces Procuradora Fiscal de la Federación, en su comparecencia ante el Congreso el 3 de octubre de 2025. El “huachicol fiscal” —evasión al fisco mediante el contrabando de combustibles— habría costado, hasta ese momento, 600 mil millones de pesos a las finanzas públicas.
Protagonizado por reconocidos personajes del obradorato, el caso sangra el erario y enturbia el ambiente político. Se afirma que los recursos desviados se habrían utilizado para financiar campañas de Morena en todo el país. A la comparecencia de Grisel Galeano se suman testimonios comprometedores, pero no hay noticia de que esté en marcha una investigación formal.
En su nuevo libro, “Ni venganza, ni perdón”, Julio Scherer Ibarra, otrora todopoderoso consejero del expresidente López Obrador, mete el dedo en la llaga. Conocedor de primera mano de las entrañas del régimen, asegura que el mismísimo Jesús Ramírez Cuevas, muy cercano a AMLO y hoy a Claudia Sheinbaum, fue el contacto directo con los estrategas del huachicol.
Coincidentemente, esta semana se dan a conocer grabaciones que confirmarían la participación de altos mandos de la Marina en la introducción ilegal de combustibles y en la corrupción en las aduanas marítimas durante los dos gobiernos obradoristas. Se habla incluso de varios asesinatos vinculados con el caso, pero el gobierno reacciona con asombrosa indiferencia (bit.ly/471bD1S).
También en estos días se informa que la Auditoría Superior de la Federación detectó en la cuenta pública 2023-2024 posibles desviaciones de recursos por 57,802 millones de pesos, con un 70% concentrado en las megaobras de López Obrador. El Tren Maya y el Interoceánico acumularían los mayores daños, con millonarios gastos sin justificar (bit.ly/4aukT0L). La autoridad guarda silencio.
Las acusaciones de Scherer, los hallazgos de la Auditoría Superior y las revelaciones en los audios son muy graves. Al margen de que haya o no denuncias formales, la situación obligaría al gobierno, en cualquier democracia sana, a investigar de oficio. La inacción judicial permitiría concluir que se estaría intentando ocultar los presuntos vínculos con el crimen organizado.
Con Claudia Sheinbaum como testigo, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, afirma en la “mañanera” que para iniciar investigaciones se requieren “denuncias formales y elementos probatorios”. “¿Dónde están las pruebas?”, pregunta la presidenta. “¿Para qué investigar a Scherer?” (bit.ly/46h0hH0). Su negativa alimenta la presunción de encubrimiento.
ESCÁNDALOS
En Yucatán, a las oscuras renuncias en cadena que sacuden el gabinete estatal se añade la escandalosa destitución de Rogerio Castro Vázquez, exdelegado del Bienestar, acusado de graves desviaciones durante su gestión como funcionario del Infonavit. No hay rendición de cuentas sobre el manejo de millonarios recursos (bit.ly/4aJdFVH). La explicación se limita a “por motivos personales”.
Los movimientos en puestos clave revelan tensiones internas y posibles encubrimientos de irregularidades. El gobernador Huacho Díaz habla de “un proceso permanente de evaluación y ajuste”; no exige transparencia en el manejo de los onerosos programas sociales. Conoce muy bien los riesgos de investigar esas desviaciones, él mismo fue delegado del Bienestar (bit.ly/4c41hSt).
Revisar a fondo el paso de Rogerio Castro por la delegación responsable del clientelismo y profundizar en las denuncias en su contra podría abrir una caja de Pandora que dejaría muy mal parado al gobernador. Siguen vigentes las dudas en torno al supuesto financiamiento del Grupo Tabasco y sus redes del huachicol, que le habrían permitido llegar a Palacio de Gobierno.
El escándalo del “huachicol fiscal” revive inquietudes sobre los peligros en torno al involucramiento del dinero del crimen organizado en los procesos electorales. Nos recuerda cómo se debilita la democracia a través de redes de complicidades como la que encabezaría “Andy” López Beltrán y los compromisos que habría adquirido con candidatos como Huacho Díaz.
LOS RIESGOS
¿Por qué el régimen se resiste a investigar? ¿A qué le teme? Sin duda, es mucho lo que puede perder. Además, aún cuenta con importante “apoyo popular”, que se mantiene gracias al asistencialismo clientelista. Profundizar en las desviaciones puede afectar a aliados estratégicos y redes de lealtades, resquebrajar coaliciones y desencadenar fracturas políticas profundas.
Ante la profundización de la crisis económica, las presiones externas y la caída en las preferencias rumbo a 2027 —tanto a nivel nacional como en Yucatán—, el oficialismo prefiere minimizar los hechos, desacreditar a los denunciantes, victimizarse y descalificar las acusaciones como oportunismo político. Mientras el apoyo popular resista, confían en que el daño institucional será manejable.
¿Qué ocurre cuando la impunidad se normaliza? ¿Qué le pasa a una democracia que deja de investigar? En la antesala de una reforma electoral que incluiría la eliminación de otros contrapesos clave y que se vislumbra como un paso más en la regresión autoritaria que vivimos desde finales de 2018, cabría preguntarse qué tendríamos que hacer como sociedad organizada.
Presionar mediante la exhibición constante de incongruencias e irregularidades es una ruta eficaz. Tomemos conciencia de que no investigar podría resultar muy caro. Exijamos la rendición de cuentas dentro del marco legal; no busquemos desestabilizar sin sustento. El punto es fortalecer la democracia, no facilitar que el régimen se siga victimizando.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx(https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central del texto es una advertencia: no investigar acusaciones graves de corrupción tiene costos políticos, institucionales y democráticos mucho mayores que enfrentarlas con transparencia.
El escrito sostiene que cuando un gobierno evita indagar señalamientos serios —especialmente aquellos que implican posible financiamiento ilícito, desvío de recursos públicos o vínculos con redes criminales— no solo protege a personas concretas, sino que debilita la confianza en las instituciones y normaliza la impunidad. Esa omisión erosiona los contrapesos, daña la credibilidad del sistema democrático y alimenta una regresión autoritaria.
Al mismo tiempo, el texto no propone desestabilización ni ruptura institucional, sino exigencia cívica dentro del marco legal. Su llamado es a presionar mediante la rendición de cuentas, la exhibición documentada de incongruencias y la vigilancia ciudadana responsable. En síntesis: el objetivo no es derribar al régimen, sino impedir que la falta de investigación termine por debilitar irreversiblemente la democracia.