Yucatán muestra un retroceso en la valoración ciudadana respecto al clima de libertades y derechos.— Corrupción y rendición de cuentas
En términos generales, la democracia en Yucatán goza de buena salud. Sin embargo, en un reciente análisis aparecen señales inquietantes que no deberían ser ignoradas por la ilusoria satisfacción de un resultado general positivo.
Como recordamos ayer, después de estar en la cima de la clasificación del Índice de Desarrollo Democrático (IDD), un estudio que mide, entre otros aspectos, el respeto de los derechos políticos y la capacidad del gobierno para generar bienestar, el Estado rodó hasta la cuarta posición en 2018. El estudio está basado en indicadores y encuestas de opinión que analizan cuatro dimensiones de la democracia: ciudadana, institucional, social y económica.
De las cuatro, realmente sólo en una el Estado entrega buenas cuentas, en la democracia social, en la que avanzó hasta el 3o. lugar nacional desde el 10° en que estaba en 2017.
Un vistazo al interior de cada dimensión permite advertir detalles que tanto la sociedad en su conjunto como los responsables del diseño de las políticas públicas deben tener presente si se quiere que Yucatán “avance consistentemente hacia una democracia, más justa, incluyente y sustentable”.
Los autores del estudio —la fundación alemana Konrad Adenauer y la consultoría argentina Polilat— destacan que, por segunda vez, la encuesta sobre el clima de respeto a los derechos y libertades de cada entidad fue respondida directamente por ciudadanos. Antes, recuerdan, en el sondeo sólo participaban líderes de opinión.
A la baja
En la primera dimensión, la Democracia de los Ciudadanos, que evalúa el comportamiento de los actores que construyen el clima de derechos y libertades vigentes en cada entidad federativa, Yucatán obtuvo 6,451 puntos, para ubicarse a media tabla.
El resultado, sin ser malo, mantuvo la tendencia a la baja mostrada en las mediciones anteriores: el Estado alcanzó 8,031 puntos en 2015 y 6,542 en 2017 (en 2016 no hubo IDD).
Yucatán logra las mejores puntuaciones de todo México en dos variables en las que es líder absoluto: participación electoral y combate a la inseguridad, pero, en el extremo opuesto, saca de las peores calificaciones entre las 32 entidades federativas en dos cuestiones importantes: el respeto a los Derechos políticos y a las Libertades civiles, señales inequívocas de que hay mucha tarea por hacer.
La baja puntuación en tres de cinco indicadores impide a Yucatán meterse en el grupo de las entidades de alto desarrollo en democracia ciudadana, en el que sí están sus dos vecinos peninsulares: Quintana Roo, en segundo lugar (el líder es Zacatecas), y Campeche, en cuarto.
La revisión de los indicadores uno por uno expone los marcados contrastes que tiene el ejercicio de la democracia en el Estado.
Adhesión Política
En este apartado, que refleja la proporción de votantes que acepta alguna propuesta política, Yucatán alcanza la plenitud.
El informe destaca que analizar la participación electoral es cada vez más importante, “ya que votar representa el derecho elemental de cada ciudadano a participar en política y, al mismo tiempo, abriga los dos principios básicos de la democracia: universalidad e igualdad”.
El indicador, explica, no se limita a medir el caudal de la participación electoral, sino además considera el peso de los votos nulos, lo que permite reflejar la adhesión de la ciudadanía a alguna de las propuestas políticas presentadas al electorado.
Derechos Políticos
Si es cierto que la garantía de los derechos políticos de la ciudadanía es una condición básica de la democracia, tenemos un problema. No es positiva la percepción de la sociedad yucateca acerca del grado de respeto a sus derechos políticos (incluye los derechos humanos, de las personas, de asociación y organización, autonomía personal y económicos).
Yucatán está lejos de los punteros. Con 4,808 puntos y en el 20o. sitio de la clasificación nacional, es el último en la lista de los ocho estados con desarrollo medio, a sólo un paso del círculo rojo en el que están los cuatro estados de más bajo desarrollo.
Libertades Civiles
El indicador de Libertades Civiles, que expresa otra variable central en la medición de la “democracia de los ciudadanos”, evalúa la percepción acerca del grado de respeto a las libertades civiles básicas, como son la libertad de expresión, asamblea y asociación, y se integra por la ponderación de tres indicadores: puntaje obtenido en el capítulo Libertades Civiles de la Encuesta de Derechos Ciudadanos (EDC), Exclusión de la Población de Lengua Indígena y Violencia de Género (Feminicidio).
Tampoco aquí Yucatán destaca por sus buenas calificaciones, que bajan de 6,863 puntos en 2017 a 3,560 en 2018. Esto es otro foco rojo, como señala el informe, “una democracia de calidad no es posible sin altas dosis de libertad e igualdad”.
Violencia de género
El feminicidio no mide los asesinatos de mujeres, sino los asesinatos contra las mujeres. No se trata de mujeres que mueren por razones de inseguridad o accidentes de tránsito, advierte el documento, sino de aquellas a las que se mata, la mayoría de las veces a mano de familiares o conocidos.
Y pese a que no son negativos sus indicadores en relación con el clima de violencia existente en la sociedad contra la mujer, Yucatán no pasa del 19o. lugar. Llama la atención que estados considerados más problemáticos en este tema —Tamaulipas, Quintana Roo, Chihuahua, Jalisco, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Puebla— tengan mejores calificaciones.
Dimensión II
La dimensión II, Democracia Institucional, mide la eficiencia y calidad del sistema institucional y político, la rendición de cuentas (Accountability) y el balance de poder interinstitucional, el cual permite controlar a los gobernantes y funcionarios públicos para que actúen con respeto a la ley y de acuerdo con las demandas de la sociedad.
Yucatán desciende del primero al tercer lugar nacional y su puntaje baja de 5,843 a 5,140 unidades de 2017 a 2018, para ubicarse en la zona de desarrollo medio. Presenta un óptimo resultado, el mejor de los 32 estados de México, en Desestabilización de la Democracia, pero en el resto de las variables obtiene valores discretos.
La corrupción
El primer indicador que evalúa la calidad de las instituciones es el Índice de Percepción de la Corrupción. Transparencia Mexicana define corrupción como “el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios privados”, pero se sabe que el soborno o tomar decisiones privilegiando relaciones personales o de parentesco, se asocia directamente al mal gobierno y le resta credibilidad a las estructuras democráticas.
En este ranking Yucatán ocupa la séptima posición. Como en otros casos, llama la atención lo superan entidades como Puebla, Veracruz y Tamaulipas, donde denuncias de mal uso de recursos públicos han tenido resonancias nacionales.
Aunque mejoró de posición, el Estado obtiene peor puntaje que en 2017, lo que es otro dato poco alentador: es el tercer año consecutivo en que la percepción de la corrupción va en aumento. Y esto merece mucha atención, ya que, como el informe señala, “la presencia de corrupción mide de manera directa la vulnerabilidad de la democracia en tanto se irrespeta la vigencia del Estado de derecho, ya que no se respeta la ley y el ciudadano no se siente protegido de la discrecionalidad y arbitrariedad de sus representantes”.
Accountability
En la rendición de cuentas se encuentra otra señal de alarma disimulada por el favorable promedio general.
Esta variable analiza entre otras cosas los mecanismos de democracia directa para la expresión ciudadana y la existencia y desempeño de órganos de control externo, donde el Estado aparece en el 21o. lugar nacional, por debajo de entidades como Tabasco, Michoacán, Quintana Roo, Tamaulipas, Jalisco, Coahuila…
“Es indispensable que existan mecanismos coherentes para transparentar, evaluar y sancionar las acciones gubernamentales. Al mismo tiempo, es necesario avanzar en la implementación de mecanismos eficaces para poner en manos de los ciudadanos la exigencia de cuentas claras, los instrumentos de sanción política a las desviaciones y la posibilidad real de emprender acciones judiciales contra los funcionarios responsables de conductas ilegales”, concluye el informe en este apartado.— Mario Durán Yabur