Campesinos del Sur denuncian que la Sader los amenaza con cobrarles supuestos apoyos aprobados en el gobierno pasado que, según ellos, nunca recibieron
Cientos de pequeños productores citrícolas de Sacalum y otras poblaciones del sur del Estado están furiosos e inconformes contra la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por su decisión de cobrarles varios millones de pesos de apoyos económicos aprobados en 2018 que, según ellos, nunca recibieron.
De acuerdo con datos entregados a Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, supuestos empresarios, coludidos con servidores públicos de esa dependencia, cobraron ese dinero, al parecer, mediante una estrategia que incluyó compañías “fantasmas”, proveedores de servicios hidroagrícolas y funcionarios de la delegación de la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, hoy Sader.
Los mismos
En esta historia salen a relucir otra vez los nombres de Pablo Castro Alcocer, delegado de la Sagarpa de octubre de 2015 a febrero de 2018 y de su sustituto, Luis Enrique Martínez Ordaz.
Los responsables de este presunto fraude hicieron todo muy bien y manipularon la papelería y los documentos a su conveniencia, comenta uno de los abogados de oficio que defiende a los afectados.
La semana pasada éstos recibieron un carta de la Sader en donde se les pide la comprobación del gasto del subsidio federal que recibieron en 2018 para modernizar sus sistemas de riego.
Riesgo de embargo
Si no lo hacen corren el riesgo de sufrir el embargo de sus bienes por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), afirma Marcos Interián Villacís, uno de los dirigentes de los citricultores afectados.
Pero no pueden comprobar esos gastos, sencillamente porque no cobraron el dinero del subsidio, añade.
Esta campaña de la Sader para recuperar los apoyos presuntamente desviados en el gobierno anterior no solo afecta a los citricultores de Sacalum, sino a cientos de campesinos y ganaderos de varias regiones del Estado, quienes también, bajo engaño, firmaron solicitudes se subsidios, pero nunca los cobraron o los recibieron a medias.
“Eso es una cosa grande, creada por los gobiernos anteriores, que ahora está a punto de estallar”, advierte Interián Villacís.
El engaño
De acuerdo con los testimonios de algunos de los productores afectados, entrevistados por Central 9, el problema de Sacalum se inició en julio de 2018 cuando, cuatro meses antes de la terminación del gobierno de Enrique Peña Nieto, empleados de la delegación de la Sagarpa en Yucatán se entrevistaron con diez grupos de citricultores de la zona.
Estas personas los convencieron de participar en el Programa de Incentivos de Sistemas de Riego Tecnificado, mediante el cual podrían modernizar sus sistemas de riego y recibir un subsidio de la Federación a fondo perdido.
Convenio
El gobierno se comprometía a dar el 50 por ciento del costo de la obra y los productores, el resto.
Los diez grupos de citricultores —cada grupo tiene 20 socios y todos trabajan en la zona del Plan Chac, en la carretera Muna-Sacalum— aceptaron la oferta y acordaron, junto con las autoridades, financiar la modernización de sus sistemas de riego.
Esta consistía en la instalación de equipos de microaspersión sobre 385 hectáreas a un costo de $13.107,170 (unos $34,000 por hectárea), de los cuales, $6.544,000 lo pondrían los productores y el resto el gobierno.
Estos subsidios los autorizó Jesús Arroyo García, director general de Fibras Naturales y Biocombustibles, encargado del Programa de Sistemas de Riego Tecnificado, desde sus oficinas en Ciudad de México.
“Beneficiarios”
Entre los beneficiarios figuraban los grupos representados por las siguientes personas: Wílberth González Várguez, Luis Enrique Medina Manrique, Juan Santamaría Salazar, Armando Poot Mex, Víctor Daniel Tec Koyoc, Tarcilo Muñoz Ciau, Juan Manuel Anguas Chablé, Ildefonso Manzanilla González, Marcel Várguez Tello y Guadalupe Manzanilla Andrade.
Los productores firmaron el convenio el 31 de julio de 2018, con lo que el gobierno federal se comprometió a entregar a los representantes de las unidades de riego, entre 595,000 y 748,000 pesos, dependiendo del proyecto. Los campesinos se comprometían a dar una cantidad similar.
Origen del problema
El problema se inició de inmediato, porque los productores nunca tuvieron la oportunidad de seleccionar a una empresa para instalar los equipos a su conveniencia.
Por el contrario, personal de la Sagarpa llevó a los representantes de los grupos de citricultores a la delegación en Mérida y bajo engaños les hicieron firmar contratos con la compañía Construcciones y Especialistas en Urbanización, S. A. de C. V., quien se encargaría de realizar los trabajos.
A ésta también le endosaron los cheques con la aportación federal al proyecto.
Ni un tubo
Empero, según los campesinos, esta empresa no puso ni un solo tubo: cobró el dinero de los productores y del gobierno, y desapareció, con la aparente anuencia de las autoridades.
De acuerdo con los productores afectados, esta empresa no solo firmó contratos con los citricultores de Sacalum, sino con muchos otros, sobre todo del sur del Estado.
Construcciones y Especialistas en Urbanización logró la mayoría de estos contratos durante la breve gestión de Martínez Ordaz al frente de la delegación de la Sagarpa.
Trayectoria
Éste llegó al puesto el 8 de febrero de 2018, en sustitución de Castro Alcocer, quien fue designado secretario de Desarrollo Social del gobierno del Estado, en sustitución de Juan José Canul Pérez.
Éste, a su vez, renunció al cargo para ser candidato del PRI a una diputación federal.
Martínez Ordaz dejó la Sagarpa el 30 de noviembre de 2018. Hizo apenas nueve meses en el puesto y renunció abruptamente sin cumplir con el proceso de entrega – recepción de la delegación al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Antes de llegar a la delegación, Martínez Ordaz se desempeñó como responsable de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, dependiente de la Sagarpa. Llegó a ese puesto en octubre de 2015, pocos días después del nombramiento de Castro Alcocer como delegado.
Ambos funcionarios trabajaron juntos más de dos años.
Favorito de Ivonne
Martínez Ordaz fue también diputado local por el PRI de 2012 a 2015 y director de Protección Civil del gobierno estatal y luego subsecretario de Prevención y Seguridad Pública en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, una de sus principales impulsoras.
También ha figurado varias veces como aspirante a la alcaldía de Progreso.
Contubernio
Como hemos publicado en otras entregas de Central 9, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó graves irregularidades en la gestión de Castro Alcocer al frente de la Sagarpa, sobre todo en 2017, en contubernio con Canul Pérez, cuando éste era secretario de Desarrollo Rural.
Entre los señalamientos de la Auditoría Superior destacan el uso de empresas “fantasma” como proveedoras de insumos agrícolas en los planes federales de apoyo al campo y en la entrega de maquinaria y equipo subsidiado a productores inexistentes.
Específicamente este organismo se refirió a Moser Peninsular, S.A. de C.V., una supuesta comisionista cuyos socios son trabajadores del Ayuntamiento de Mérida, de bajos recursos.
Fraude
Es en este contexto que se da el nombramiento de Martínez Ordaz como sucesor de Castro Alcocer en la delegación de la Sagarpa y en la selección de Construcciones y Especialistas en Urbanización, S.A. de C.V. como “proveedor” de equipo y maquinaria de riego agrícola, cuyo incumplimiento tiene hoy al borde del embargo a decenas de pequeños citricultores.
Se trata, de acuerdo con muchos indicios, de otra empresa “fantasma” usada por funcionarios del gobierno anterior para desviar cuantiosas cantidades de dinero público en lo que Interián Villacís llama “un fraude con todas sus letras”. Continuará.— HERNÁN CASARES CÁMARA
Los funcionarios públicos responsables de este presunto fraude hicieron todo muy bien y manipularon la papelería y los documentos a su conveniencia