Al acusar al Ejecutivo estatal de una intromisión directa a la autonomía del Poder Judicial y sin mediar acercamiento alguno que sustente una iniciativa de reforma al mismo, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial en el Estado de Yucatán ha promovido un amparo para detener este proceso.
Éste deberá ser sometido a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar la constitucionalidad del mismo, informaron la secretaria general de esta agrupación, Patricia Eugenia Solís Reyes, y el asesor de ese sindicato, Óscar Sauri Bazán.
En rueda de prensa la mañana de ayer, ambos señalaron que la iniciativa de reforma al Poder Judicial que promueve el gobernador Mauricio Vila Dosal es una flagrante violación a su autonomía, toda vez que dada la trascendencia de la propuesta debió someterse al escrutinio y el acercamiento con el propio Poder Judicial.
Esta situación, advirtieron, está propiciando que importantes recursos humanos de probada moral y ética, así como amplia trayectoria, capacitados y versados en la materia no encuentren cabida entre quienes aspiran a ocupar las magistraturas en juego, concediéndose solo a personajes a modo, cercanos al gobernador como pago de favores políticos.
Tanto Solís Reyes como Sauri Bazán advirtieron que el Congreso local está actuando en complicidad con el Ejecutivo para violar la autonomía del Poder Judicial. Tan solo por este hecho el caso viola todo sentido constitucional y el respeto a los poderes, por lo que la Suprema Corte debe pronunciarse al respecto.
En un comunicado, la secretaria general del sindicato (uno de los cuatro en que están agrupados los trabajadores del Poder Judicial) informó la situación legal de su lucha para lograr que se respeten tanto la autonomía del Poder Judicial como sus derechos laborales.
“Por este medio queremos hacer del conocimiento tanto de la sociedad civil, litigantes y las autoridades competentes que el sindicato que represento ha interpuesto un amparo contra ‘Leyes Autoaplicativas’”.
Se reclama “el ilegal proceso legislativo en el que se incluyó el contenido del dictamen por el que se modifica la Constitución de Yucatán, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán en materia de reforma al Poder Judicial de Yucatán, de fecha 25 abril de 2022”.
“No se tomó la opinión y participación del Poder Judicial”
Lo anterior, “sin que se haya efectuado motivación reforzada, ya que era necesario que el legislador haya ofrecido razones objetivas y razonables para su aprobación”, dijo Patricia Solís.
“No se tomó la opinión y participación del Poder Judicial por medio de mesas de trabajo, consultas o foros, siendo el directamente afectado o beneficiado en su caso”, dijo la secretaria general.
Igual informó de “la gran intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo a la autonomía del Poder Judicial de Yucatán, en franca contravención al principio de división de poderes”.
“No es constitucional que las decisiones orgánicas, funcionales, sistemáticas y estructurales del Poder Judicial queden al arbitrio de otro órgano de poder”.