En el proceso de reformas al Poder Judicial, con las consiguientes modificaciones a la Constitución Política del Estado y otros ordenamientos, asoman no solo violaciones y omisiones sino también sumisión y complicidades, afirma el colectivo ¡Ya Basta!

“Es lamentable que los directamente implicados, como son los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, no hayan pronunciado una sola palabra contra la reforma”, subraya Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor del proyecto ciudadano. “Se supone que son maestros de Derecho, pero simplemente se dejaron atropellar”.

La profesora Estrada Mora, Marysol Canto Ortiz y Nicolás Andrés Dájer, estos últimos también del equipo promotor de ¡Ya Basta!, abundan en los motivos de la demanda de amparo que, como publicamos, interpuso el colectivo contra la reforma judicial:

—En el caso del Congreso, a la LXIII Legislatura —en lo general— y a los presidentes de la mesa directiva y de dos comisiones permanentes —en lo particular— se les reclama su “participación sistemática” en todas las fases del proceso legislativo que derivó en la reforma, incluyendo la aprobación y el nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Superior y del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios.

—Al gobernador del Estado se le reclama el procedimiento de presentación de ternas de candidatos y candidatas a las magistraturas del Tribunal Superior y del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios.

Los retiros anticipados de magistrados

—A los plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial se les reclama el cumplimiento que han venido efectuando del artículo transitorio sexto, penúltimo párrafo, del decreto base de la reforma judicial.

Ese artículo se refiere a las solicitudes de retiro de los magistrados, que el Tribunal Superior debe recibir y turnar después al Consejo de la Judicatura, para los trámites correspondientes.

¿Y Parlamento Abierto en Yucatán?

Los integrantes del grupo promotor de ¡Ya Basta! insisten en que el Congreso incumplió su propia Ley de Gobierno al no aplicar el modelo de Parlamento Abierto en el proceso de las reformas.

Y enseguida formulan los siguientes conceptos:

  • Al interponer esta demanda de amparo, el colectivo está ejerciendo un derecho y llegará hasta donde tenga que llegar. Es una legítima demanda ciudadana.
  • De las autoridades señaladas como responsables de los actos reclamados podemos decir muchas cosas, pero nos vamos a lo más evidente.
  • ¡Vaya muestra de sumisión de la LXIII Legislatura al aceptar y ejecutar un proceso que incumple la ley!
  • ¡Vaya muestra de sumisión de los diputados al nombrar magistrados ejerciendo una mayoría matemática! Sumisión al nombrar a quienes previamente han sido “palomeados”.

Cómo y para qué sirve el Parlamento Abierto

  • Y en el caso del Tribunal Superior, ¡vaya muestra que nos están dando de la forma en que se ha manejado la justicia en Yucatán! Los nuevos magistrados del Poder Judicial saben cómo, por qué y para qué están llegando. Y los que se van saben por qué se están yendo.
  • Es deplorable que los propios magistrados no hayan abierto la boca contra la violación de sus derechos, cuando ni siquiera se les consultó sobre la reforma. Al menos esto último es lo que han dicho públicamente.
  • En el Congreso vemos de nuevo una clara muestra de la nula representatividad que vivimos en nuestra democracia. Los supuestos representantes populares se han transformado en representantes de los grupos de poder.
  • Parlamento Abierto, el modelo que no aplicó la LXIII Legislatura en el proceso de reforma judicial, no es un invento de ¡Ya Basta! Es una figura internacional plasmada en tratados que México ha firmado. Es grave que en Yucatán se le ignore y viole cuando está en la Ley de Gobierno del Legislativo.
  • En Yucatán presumimos de alto nivel de participación democrática de la ciudadanía, pero esa participación está confinada al momento de ir a votar en las elecciones. No debe ser así: los asuntos públicos son de interés público, nos atañen a todos.
  • Injerencia desmedida

En la solicitud de amparo, ¡Ya Basta! se refiere a un intervencionismo desproporcionado del Poder Ejecutivo, en complicidad con el Legislativo, en el Poder Judicial con evidente interés de control político.

El colectivo ratifica un interés legítimo en el caso, siendo una agrupación ciudadana con amplia legitimación social y política.