Con el objetivo de generar un espacio de diálogo plural e incluyente en torno a la seguridad y la construcción de paz, la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de México, la Dimensión Episcopal para los Laicos y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús comenzaron ayer el Diálogo Nacional por la Paz, que se realizará del 21 al 23 de septiembre en la Universidad Iberoamericana Puebla.
La violencia extendida en todos los sectores del país, los altos índices de homicidios, el deterioro del tejido social y la pérdida de habilidades de convivencia en la familia, unidos a la necesidad de repensar las estrategias de seguridad en los ámbitos local, estatal y federal, han dado origen a una ruta de construcción de paz, que se inició en junio de 2022 y se consolidará en el Diálogo Nacional por la Paz.
Durante tres días integrantes de la academia, organizaciones de la sociedad civil, campesinos, indígenas, representantes de las diferentes religiones, migrantes, gobiernos locales y la ciudadanía comprometida, participan en este encuentro para diseñar en conjunto caminos de paz a partir de las buenas prácticas en torno a tres grandes temas: seguridad ciudadana, justicia cotidiana y reconstrucción del tejido social.
Este Diálogo se nutre de los aportes de los Conversatorios por la Paz realizados en las parroquias, colegios o centros comunitarios, así como las conclusiones de los Foros Justicia y Seguridad realizados en las universidades o centros sociales del país, con la intención de construir una Agenda Nacional de Paz y articular iniciativas locales de paz.
Tragedia jesuita en Chihuahua, motivo de lucha
Ana Paula Hernández Romano, coordinadora del Diálogo por la Paz, explicó que tras los trágicos acontecimientos que pusieron fin de manera violenta a la existencia de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua a mediados del 2022, se generó una gran indignación en diversos sectores de la sociedad, hecho que fue detonante de todo tipo de manifestaciones y expresiones sociales que cuestionaba el grado de violencia alcanzado en el país en los últimos años.
Numerosos foros y espacios de reflexión se generaron como consecuencia de los hechos, los alcances de cada uno de ellos eran replicados y trasladados a nuevas instancia y espacios. Primero fueron conversatorios por la paz que congregaron a más de 13,000 participantes y seguidamente los foros estatales, 32 en total, uno por cada estado de la República, y a los que asistieron cerca de 18,000 personas.
Una agenda nacional de la paz fue comenzando a tomar forma, y en ella se plasmaron las voces, las ideas, las propuestas y todo aquello que de algún modo aportara a la construcción de la paz en el convulsionado México de hoy.
Este Diálogo Nacional por la Paz, promovido por la Conferencia del Episcopado Mexicano y que tiene por sede la Universidad Iberoamericana de Puebla, cuenta con 1,450 participantes provenientes de diversos sectores sociales de los 32 estados de la República.
Cimientos por la paz en México
A través de ponencias y mesas de trabajo, los participantes de este Diálogo contribuirán a la redacción de un documento en el cual se sentarán las bases sobre las cuales debe construirse la paz y el estado de derecho en nuestro país, una agenda que por sus características deberá presentarse a los diversos actores sociales para la construcción de la paz: autoridades, políticos, funcionarios públicos, candidatos a diversos puestos de elección popular, congresos, corporaciones policiales, fuerzas armadas, etc.
“Este Diálogo Nacional por la Paz sentará las bases para crear una Red Nacional por la Paz, un conjunto de acciones promovidas desde la sociedad civil para la recuperación del tejido social, la seguridad y la justicia” dijo Ana Paula Hernández.
Entre los oradores de la jornada inaugural de este Diálogo Nacional por la Paz estuvieron el rector de la universidad anfitriona, Mario Patrón Sánchez; el arzobispo de Puebla, Mons. Víctor Sánchez Espinoza; el provincial de los jesuitas, padre Luis Gerardo Moro; la activista Clara Jusidman, el sacerdote jesuita Jorge Atilano González Candia, la antropóloga Elena Azaola, y Eduardo Guerrero, de Latia Intelligence.
“Los conversatorios y foros me pusieron en contacto con el dolor del pueblo mexicano por sus muertos y sus desaparecidos, el dolor por sus jóvenes y sus mujeres, pero también me pusieron en contacto con la esperanza de quien sabe que esta situación no va a cambiar si no alza su voz y participa desde su localidad”, expresó en su mensaje el padre jesuita Jorge Atilano.
“(La Sierra) Tarahumara, Chiapas, Michoacán o Morelos son territorios cada vez más controlados por economías criminales. Ahí se controlan los tianguis, bosques, tortillerías, mineras, policías, fiscalías, etc. Estas economías son alianzas entre grupos delictivos, gente de negocios y políticos, que se usan mutuamente. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque han encontrado en la violencia una ventaja competitiva para los negocios, sean legales o ilegales; ven en el uso de la violencia un aliado para controlar a un electorado o un aliado para instaurar una nueva empresa de aguacate, limón o extractiva”.
“¿Qué pasa que las fuerzas armadas no logran controlar esta situación? No están implementando estrategias para desmontar las células delictivas y transformar las condiciones que las facilitan, sólo se dedican a capturar cabecillas, cuando se ha mostrado que la simple captura de cabecillas lo único que provoca son más grupos delictivos, más delitos y cárceles saturadas”, aseveró.
Asimismo, en su mensaje el padre Atilano destacó el debilitamiento de las policías municipales, gobiernos desbordados por la violencia, sistemas de justicia complejos y opacos, y aunque pareciera que la única fuerza armada que puede hacer frente a la situación es el Ejército, este no tiene una estrategia adecuada y termina creando cuarteles rodeados de delincuencia organizada.
Coordinación
“La experiencia de los casos exitosos en seguridad muestra que sólo la coordinación entre fuerzas armadas en un trabajo estrecho con sociedad puede detener los índices delictivos. Así lo vimos en Tampico, un caso de éxito, en una colaboración de la Marina, Ejército, ciudadanía, a través de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia”, puntualizó.
“Los Foros muestran un sentir común de que la paz se construye desde lo local, con muchos deseos de participar y ser corresponsables de la situación que vivimos. La violencia está generando el sentido de responsabilidad, de que esta situación tan compleja no podrá ser resuelta sólo por gobierno, que se necesita la responsabilidad de cada actor. El asistencialismo ha atrofiado la capacidad de agencia de las localidades, ha llevado a la desorganización de los territorios y los ha hecho vulnerables al crimen organizado”, subrayó.
Señalan menor tasa de delitos en Yucatán