La política agropecuaria del gobierno federal y estatal en Yucatán es improvisada y debido a eso la actividad en el campo está a la deriva, advierte Roger González Herrera, exsecretario de Desarrollo Rural del Estado.

La 4T dejó de cumplir con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que garantiza la participación de los productores en la toma de decisiones, y ahora aplica una política vertical y centralizada, explica.

Además, señala, sus dos programas principales, Sembrando Vida y Fertilizantes para el Bienestar, no son transparentes y sirven para muy poco, en tanto que el gobierno de Mauricio Vila Dosal solo mantiene el programa Peso a Peso, que es insuficiente.

El Diario entrevistó a González Herrera, titular de Desarrollo Rural y Pesca en el gobierno de Patricio Patrón Laviada, luego que Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia, publicó en varias entregas, a partir del 14 de diciembre, un análisis comparativo de los resultados de los censos agropecuarios del Inegi, de 2007 y 2022.

Debacle de la agricultura y ganadería en Yucatán

En ellos se desvela la debacle de la agricultura y la ganadería en Yucatán en los últimos 15 años.

De acuerdo con ese análisis, la cosecha de maíz, cítricos y otros cultivos disminuyó drásticamente, en tanto que el hato ganadero cayó 6.68% y la producción de leche más del 40%.

Esta situación, decía ese análisis, ha aumentado la pobreza en las zonas rurales, la emigración y alejamiento de los jóvenes de las actividades del campo.

Solamente se salvan de esta crisis las industrias porcícola y apícola.

Señales de opacidad

“Sin ánimo de querer dar recetas”, dice el exfuncionario, “en realidad no hay una estrategia clara y concreta para superar la pobreza en el campo”.

“Para colmo, el único programa visible dirigido al sector productivo del actual gobierno federal, cuyo nombre es Sembrando Vida, no genera desarrollo ni progreso y no garantiza la autosuficiencia alimentaria”.

“Al día de hoy priva la improvisación como política agropecuaria y las actividades productivas van a la deriva. Todo depende de la dádiva y de los programas de corte asistencialista. Al campesino le dan migajas, para que haga como que siembra y trabaja”.

Según González Herrera, el gobierno de López Obrador desmanteló el esquema de participación que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

En su lugar ha elegido una política vertical, en la cual los altos funcionarios deciden por “motu proprio” (iniciativa propia) qué se hace y deshace, mientras los productores no son tomados en cuenta en la definición de los programas agropecuarios.

“Incluso, lo que se hacía bien desde el gobierno a favor del campo se dejó de hacer”, señala.

“Ya no hay recursos de concurrencia y prácticamente desaparecieron el Fondo de Fomento Agropecuario (Fofay), que fungía como un organismo de distribución de recursos económicos del Programa Alianza para el Campo a los productores, para mejorar la infraestructura agropecuaria, para tecnificación e investigación, para la adquisición de semovientes y, en general, para proyectos productivos”.

El exfuncionario agrega que igualmente desaparecieron los Comités Sistemas Producto, los cuales tenían como objetivo lograr la integración, comunicación y coordinación permanente de los agentes de la cadena productiva, así como impulsar la inversión y la capitalización de los productores.

“Como resultado, tenemos programas clientelares como los ya mencionados Sembrando Vida y Fertilizantes para el Bienestar, los cuales carecen de seguimiento y de una adecuada evaluación y solo se enfocan a distribuir recursos e insumos al por mayor”.

En el casos de Sembrando Vida, dice, la mayoría de sus beneficiarios “no produce absolutamente nada y no existen mecanismos de evaluación del mismo, ni siquiera un padrón confiable de beneficiarios”.

Algo parecido sucede con el programa de Fertilizantes para el Bienestar, “que el gobierno federal, en coordinación con la administración estatal, realizó (o dice que realizó) el reparto de 20 mil toneladas de fertilizantes en Yucatán a lo largo del presente año, con una inversión de 316 millones de pesos, a un total de 36 mil campesinos”.

“Cada uno de ellos recibió (en teoría) entre 300 y hasta 600 kilogramos del producto de uso agrícola”.

“El detalle es que la puesta en marcha en Yucatán de ese programa se realizó bajo el mismo esquema clientelar y populista que ha caracterizado a los programas sociales del gobierno de López Obrador y no mediante un esquema estratégico para mejorar la producción”.

“No se dijo cuáles son los objetivos específicos del Programa ni en qué porcentaje se estima aumentará la producción agrícola y en qué cultivos”.

Además, afirma González Herrera, “me han llegado informes de que aún hay grandes toneladas de fertilizantes en bodegas a lo largo y ancho del territorio yucateco. Como siempre, priva la opacidad y no hay manera de saber cuánto se repartió y a quienes”.

Propuesta del

Si el gobierno federal desapareció Alianza para el Campo y otros programas de apoyo a la agroindustria, ¿pueden hacer algo los gobiernos estatales?

Seguramente sí, responde. Actualmente el único programa estatal dirigido al sector agropecuario es Peso a Peso, pero resulta insuficiente para atender la demanda de financiamiento y apoyo del sector agropecuario.

A su parecer, debiera constituirse nuevamente un fideicomiso tipo Fofay, forzar al gobierno federal a aportar recursos concurrentes y transparentar los programas que se apliquen en el sector primario, entre otras estrategias.

El campo yucateco no puede seguir a la deriva, añade el entrevistado. La nueva administración estatal que entrará en 2024 debe retomar todo lo anterior y definir a dónde quiere ir.

Para sacar al campo de la crisis “no basta con poner un productor exitoso al frente de la dependencia responsable del sector, ni un abogado ni un conserje o profesor”.

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