El crimen organizado, uno de los principales factores que propician la violencia electoral, no ha dejado de crecer en México, ante la incapacidad del gobierno para contener su avance, afirma el director del Observatorio Mexicano sobre las Drogas, Elías Razur Antonio.
La estrategia de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón de descalabrar a las cabezas de los grandes cárteles de las drogas, señala, solo ocasionó el desmembramiento de esas bandas en muchos pequeños feudos delictivos que ahora ya no se dedican únicamente a la venta de drogas, sino a otros delitos. Esto, a su vez, añade, provocó el recrudecimiento de la disputa violenta por los territorios y los recursos.
Ante este panorama, la estrategia de militarización de Andrés Manuel López Obrador tampoco ha funcionado porque el enemigo está disperso en cientos de organizaciones criminales por todo el país, incluyendo la Península de Yucatán, explica Razur Antonio, especialista en temas de narcotráfico, violencia e inseguridad.
Además, afirma, López Obrador ha sido incapaz de acabar con las fuentes de financiamiento de los grupos criminales que debido a la crisis de la economía de la mariguana se pasaron rápidamente al nuevo mercado de las drogas sintéticas, mucho más lucrativo.
En la tercera y última parte de la entrevista con el Diario, desde sus oficinas en Ciudad de México, Razur Antonio explica que la estrategia de los antecesores de López Obrador, de atacar a las cabezas del crimen organizado, logró el surgimiento de muchas organizaciones criminales más pequeñas, sin jefes directos, ni una estructura vertical.
Éstas, al no tener la experiencia suficiente en el tráfico de drogas, buscaron distintas formas de obtener recursos e incursionaron en otros delitos como la extorsión, el tráfico de personas y el robo de combustible, convirtiéndose en pequeños feudos comandados por bandas y grupos locales.
Extorsión, el modus operandi
Un ejemplo de esta nueva configuración del crimen organizado es el estado de Zacatecas, señala el entrevistado. Allí, los cárteles no viven del tráfico de drogas, sino de extorsionar a la sociedad. Estudios recientes demuestran que en 2022 se reportó el cierre de miles de medianas y pequeñas empresas en ese lugar, por la extorsión que enfrentaron.
En Fresnillo, relata, dos de cada cinco negocios cerraron, sobretodo tortillerías, panaderías, taquerías y tiendas de abarrotes, a cuyos propietarios se les exigía pagar cuotas de $10,000 a $20,000 mensuales.
Patrimonio
Según Razur Antonio, frente a este nuevo panorama, el actual gobierno federal se ha limitado a la represión militar, una respuesta totalmente insuficiente, y no ha realizado el esfuerzo necesario para desmantelar los patrimonios financieros ilícitos del crimen organizado, incluidos aquellos escondidos en la economía legal.
“Hacerlo hubiese significado dejar a las organizaciones delictivas sin recursos suficientes para financiar sus niveles crecientes de violencia organizada y corrupción al más alto nivel y ponerles una poderosa barrera para impedir que sigan en el comercio de drogas, luego de la caída de la economía de la mariguana”.
De acuerdo con el entrevistado, la producción y comercio de esta droga disminuyó notablemente luego de su legalización en varios partes de Estados Unidos, lo que obligó a las organizaciones criminales, que tradicionalmente traficaban la mariguana, a diversificar sus negocios criminales y buscar nuevos ingresos.
Así, muchos narcotraficantes, con la experiencia y los recursos económicos suficientes, transitaron hacia la producción y tráfico de drogas sintéticas, incluidas las metanfetaminas y el fentanilo, altamente adictivos y con mucha demanda en Estados Unidos.
Esta situación, añade Razur Antonio, recrudeció la violencia del crimen organizado en México, “una de cuyas expresiones es la violencia política en época de elecciones, como lo hemos estado viendo en estos días”.
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