MÉXICO.- Este lunes Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que dueños de gasolineras y de gaseras en México se vieron obligados por personal de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a pagar cuotas para que no los clausuren.
De acuerdo a testimonios de quienes atestiguaron dicha red de corrupción la cuotas eran de entre 13 mil y 35 mil pesos mensuales.
Como evidencia de los “moches” o sobornos, dos testigos compartieron con MCCI fotografías de fajos de billetes que supuestamente entregaban a funcionarios o representantes de la Profeco.
Cabe destacar que el ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que recibió una denuncia sobre que 11 mil gaseros y gasolineros pagaban una cuota mensual de 20 mil pesos para evitar que los clausuren. Lo que habría representado una extorsión de 220 millones al mes y 2 mil 600 millones al año.
Testigos de esta red de corrupción afirman que a los expendios que se negaban a pagar, los exhibían en la mañanera de los lunes.
Amedrentaban a los negocios
“Las visitas de verificación consistían en amedrentar a los (negocios) visitados y exigirles una cantidad mensual para no ser molestados mediante visitas de verificación. Llegan los verificadores a las empresas y les exigen una cantidad para que todo salga bien”, relató quien fuera gerente de una compañía distribuidora de gas con presencia en distintos estados.
Esa versión coincide con la de Giovanna Fiorela Perales Salem, ex asistente personal del actual director de la Profeco.
“Cada jueves había un oficio por parte de la oficina del Procurador en donde iban triangulando la información sobre las gasolineras. Cuales sí podían mencionar los lunes en la mañanera, y cuáles no”, aseguró.
Un testigo aseguró que parte del dinero era para pagar a consultores de Morena, a encuestadores electorales y a campañas de candidatos morenistas.
¿Cuánto dinero pedían?
El exgerente de una cadena de gastos de combustible aseguró que las cuotas variaban, dependiendo del tipo y tamaño de los negocios.
De acuerdo con su testimonio, a las empresas distribuidoras de gas LP se les pedían 35 mil pesos por establecimiento. A las gasolineras de 20 mil a 22 mil pesos por unidad de servicio ya las estaciones de carburación (las que surten gas a vehículos) 13 mil mensuales.
A este esquema de pagos, señaló, han sido algunas de las empresas que operan: unas 700 gaseras, 7 mil gasolineras y 2 mil estaciones de carburación, para evitar que los sancionen.
Según su versión, esa red de corrupción comenzó en junio de 2019, un medio año de haber iniciado el actual Gobierno federal. Y continúa hasta la fecha.
Perales Salem presentó denuncias formales en contra de Aguilar Romero, actual encargado de la Profeco, por acoso sexual y laboral, hostigamiento y violencia de género. Además señaló que ahora busca que se dé a conocer y se investigue la red de corrupción.
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