Las instalaciones del periódico Vanguardia

MÉRIDA.— La denuncia que dio origen a la detención del director general de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, se sustenta en un señalamiento falso y en presuntas “pruebas” que no resisten un análisis mínimo, señala hoy el medio en su portada.

Lejos de justificar una acción de la magnitud del operativo desplegado, que incluyó la movilización y el apoyo de la Guardia Nacional, el caso expone —según la empresa periodística— una actuación desproporcionada, arbitraria y basada en información incorrecta difundida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con la información, la denuncia fue presentada en Nuevo León y el equipo legal del medio tardó varias horas en tener acceso al expediente. En ella se narra una supuesta entrega de dinero relacionada con un proyecto inmobiliario.

Sin embargo, el denunciante ubica los hechos el 27 de agosto de 2025, fecha en la que Armando Castilla Galindo no se encontraba en México, sino en Colombia, atendiendo un evento internacional de la industria periodística, circunstancia que puede ser acreditada.

Caso Vanguardia: qué sucede

El relato señala que la cantidad presuntamente entregada fue de 700 mil pesos en efectivo, descritos como un “anticipo” para la compra de un lote de terreno en Saltillo. Esta cifra contrasta con la versión difundida por la Fiscalía de Nuevo León, que habló públicamente de un supuesto fraude relacionado con un terreno valuado en tres millones de pesos, dato que no coincide con el contenido de la denuncia.

EN CONTEXTO. Detienen en Monterrey a Armando Castilla Galindo, director del periódico Vanguardia

Otro elemento que, resulta central es que en ningún punto de la narración de hechos se menciona la existencia de recibos, contratos, comprobantes o documentos que respalden la supuesta entrega de dinero, un requisito elemental en cualquier operación de carácter lícito, señala el medio. La acusación, sostiene la empresa, descansa exclusivamente en dichos, sin que se aporten indicios materiales que acrediten la comisión de un delito.

A partir de ello, la casa editora afirma que, si el hecho central de la acusación es falso, todos los elementos que integran la carpeta de investigación quedan afectados por esa misma falsedad. En ese contexto, califica el caso como una fabricación insostenible, construida sin sustento probatorio.

Por otro lado, el editorial señala el despliegue de recursos públicos para la integración del caso y la posterior detención del directivo, realizada con apoyo de la Guardia Nacional. La aprehensión ocurrió en el aeropuerto internacional de Monterrey, momentos antes de que Armando Castilla Galindo ingresara al filtro de seguridad para abordar un vuelo con destino a Guadalajara, con fines vacacionales.

Editorial de Vanguardia por detención

No obstante, la Fiscalía de Nuevo León difundió posteriormente una comunicación oficial en la que afirmó que el arresto ocurrió en “vía pública en Carretera Miguel Alemán, Apodaca, N.L.”, versión que el periódico sostiene es falsa y que contradice los hechos ocurridos dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Para la empresa periodística, lo sucedido refleja una maquinación en la que, asegura, participan tanto la Fiscalía General como instancias del Poder Judicial de Nuevo León, con el propósito de dañar la imagen del comunicador. En ese marco, el medio ha exigido la liberación inmediata de Armando Castilla Galindo.

El caso se presenta, además, en un contexto nacional marcado por una profunda crisis de seguridad, con decenas de homicidios diarios y una percepción extendida de impunidad frente a la actuación de grupos criminales y redes de corrupción. Vanguardia subraya que, mientras se destinan recursos para construir un caso que considera infundado, persisten denuncias de desfalcos millonarios y delitos de alto impacto que no reciben el mismo nivel de atención ni de persecución.

La empresa recuerda que el ejercicio del periodismo en México implica riesgos y presiones constantes. Tras medio siglo de trayectoria, sostiene que la defensa de la libertad de expresión conlleva costos, que en ocasiones se traducen en episodios como el que hoy enfrenta su director general. Pese a ello, afirma que mantiene la convicción de cumplir con su responsabilidad informativa y de prevalecer frente a los abusos del poder.

Jessica E. Ruiz Rubio es licenciada en Periodismo y maestra en Gestión de la Mercadotecnia. Comenzó su carrera periodística en 2004, año en que ingresó a Grupo Megamedia. Se especializa en trabajos especiales, análisis de tendencias digitales, temas locales y gestión de redes sociales.