La inconformidad ante la instalación de un booster del gasoducto de Energía Mayakán a escasos metros de las viviendas del fraccionamiento Gran Calzada, en Umán, parece no tener fin.
Varios vecinos, entre ellos Abner Aragón Torres, denuncian afectaciones directas a su calidad de vida, así como una falta de transparencia y sensibilidad por parte de las autoridades.
Tensiones por construcción de un gasoducto en el fraccionamiento Gran Calzada Umán
Cómo informamos, luego de varias semanas de afectaciones, los vecinos protestaron el domingo pasado en las puertas de Palacio de Gobierno, y anteayer sostuvieron una reunión con autoridades estatales.
En las instalaciones de la Secretaría de Economía y Trabajo, los vecinos pidieron detener la obra mientras se lleva al cabo un proceso de diálogo real. Sin embargo, aseguran que no hubo acuerdos sustanciales.
“Nosotros llegamos con un acuerdo propuesto, realmente no se llevó al cabo. Nos lo recibieron, pero la percepción vecinal es que todo es una simulación. Así tal cual, una simulación”, afirmó el vecino, quien más tarde se reunió con otros 200 vecinos en la glorieta del fraccionamiento en contra de la obra.
Una de las principales exigencias es la reubicación del booster, una estación de compresión de gas natural que, aseguran, representa un riesgo para los habitantes del fraccionamiento.
“Nadie está peleado con la instalación de un booster. Nadie está peleado con el uso de gas natural. ¿Con qué estamos peleados? Con la distancia a la que está”.
Además del riesgo percibido, los vecinos denuncian molestias como ruidos constantes, polvo, maquinaria pesada operando a escasos metros de las viviendas y hasta daños estructurales en sus propiedades.
“Es una picadera de suelo con retroexcavadoras, se escuchan las risas, los generadores de energía, un montón de maquinaria que aunque podemos entender que es un proceso temporal, está en directo contacto básicamente con nuestra pared”, dijo Abner Aragón, cuya vivienda colinda directamente con el lugar donde se realiza la obra.
En ese sentido, las autoridades realizaron una inspección visual tras la reunión con los vecinos. Sin embargo, aseguran que el panorama fue cuidadosamente preparado.
“Estaba en completo silencio. Pero una cosa es lo que se vio ayer y otra cosa es lo que vivimos nosotros”.
La comunidad también criticó el trato diferenciado durante la reunión. Mientras los representantes de la empresa y del gobierno contaban con bebidas y comodidades, los vecinos permanecieron sin atención.
“Cuando yo entro cansado después de estar en mi trabajo junto con mis vecinos igual, no se nos ofreció ni agua. O sea, se siente la discrepancia total”.
Ante la falta de respuestas concretas, los habitantes de Gran Calzada han iniciado un proceso de autogestión vecinal que ha ido creciendo con el paso de los días.
De las 120 personas que comenzaron la organización, hoy son cerca de 200 y esperan superar los 400 manifestantes en los próximos días.
“Nos estamos organizando y nos estamos informando porque la realidad, y mi percepción sin tratar de asegurar, es que el propósito de esa reunión era decirnos que nosotros no tenemos ningún tipo de educación relacionado a lo que significa esa obra”.
Uno de los momentos más tensos de la visita fue cuando se les negó el acceso a la obra por no contar con equipo de protección personal.
El malestar se profundiza con lo que consideran una estrategia deliberada para dificultar su participación. Las reuniones se programan en horarios laborales y en sedes distantes.
“Nos están haciendo trabas burocráticas, reuniones en horas en las que trabajamos, en lugares lejos de nuestros domicilios”, acusó Aragón. “Nos ponen juntas a tales horas porque quieren que yo no vaya”.
Además, el vecino advierte que este no es solo un tema técnico o logístico, sino una muestra de una problemática estructural mayor.
Un tema de racismo ambiental
“Esto es un tema que tiene nombre y apellido y se llama racismo ambiental. Es un tema de clase y es un tema pues prácticamenteeconómico”, señaló.
“Estas empresas se están colocando en nuestros patios, en las zonas más marginadas de nuestro país”.
El movimiento pide la reubicación del booster a una zona segura y alejada de las viviendas. “Queremos que el booster se vaya. Y ahí la respuesta fue no, no, no”, dijo de forma contundente.
Aunque la atención creció en los últimos días, aseguran que las molestias comenzaron desde agosto de 2024, con daños a estructuras, ruido constante, y afectaciones a la salud mental y emocional de los residentes.
“A una vecina le rompieron su muro”, recordó. “Hay una imagen donde la retroexcavadora perfora un hueco que llegó a nuestra pared. El vecino tiene evidencia. Hay un nivel de negligencia terrible”.
Finalmente, Abner Aragón subrayó que la comunidad seguirá organizándose, exigiendo transparencia, respeto a sus derechos humanos y garantías reales de seguridad.
“Nos estamos dando cuenta poco a poco que no tenemos por qué aceptar que se pisen nuestros derechos humanos”, concluyó Abner Aragón.