A partir del día cinco de agosto, fecha en que la madre de José Eduardo Ravelo Echevarría llevara su ataúd a las puertas de Palacio de Gobierno, los ciudadanos de la ciudad más segura de México entramos en una vorágine informativa —y desinformativa— que nos ha hecho transitar por gran variedad de estados emocionales que van desde la compasión por el sufrimiento de la familia hasta la indignación ante hipótesis varias sobre las causas de la muerte y las supuesta tortura y violación a las que fue sometido antes de fallecer.
No pretendo desmentir o confirmar ninguna de ellas, sino simplemente analizar otros elementos que han jugado un importante papel en el estudio del caso y, como ciudadana, reflexionar sobre la cautela necesaria antes de convertirnos en caja de resonancia de cualquier mensaje o, peor aún, títeres de intereses maniqueos en busca de obtener ganancia política de la indignación pública.
Inmediatamente después de darse a conocer el deceso del joven José Eduardo se alzaron voces en todos los sectores condenando el proceder de los agentes, que si bien pueden haber abusado de las maniobras de sometimiento no parecen implicados por los videos y la línea del tiempo, en actos que causaran la muerte del veracruzano.
Algunas de esas voces fueron las de los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat, siempre prestos a una opinión sobre temas controvertidos. El senador Marín incluso realizó un ofrecimiento público del dinero necesario para patrocinar el viaje de la señora Ravelo a la capital y exponer el caso en la esfera federal y buscar que la FGR atrajera el caso, lo que finalmente ocurrió.
Fue un auténtico remolino de opiniones periodísticas que en algunos casos se contraponían a la evidencia, ocasionando no la definición de criterios, sino la polarización absoluta del caso: estábamos o del lado de la Fiscalía o de la impunidad.
El caso se resolvió en principio y ante la opinión pública, con bastante rapidez, en la culpabilidad de cuatro agentes de la corporación meridana.
El problema aquí está en que, si de Derechos Humanos se trata, los policías tienen tanto merecimiento de la presunción de su inocencia como cualquiera y hay que reconocer, tal y como ahora ha quedado al descubierto, que la Fiscalía del Estado al menos cometió el error de no dar seguimiento a todas las líneas de investigación antes de publicar las fotografías de los policías detenidos. ¿Se trataba con estas acusaciones de procurar justicia o de apaciguar ánimos para evitar más disturbios en el estado más seguro del país?
Con las recientes revelaciones de la FGR se destapan muchas incógnitas que era importante despejar. Tal y como lo había hecho antes un juez local, las investigaciones federales exoneran a los policías municipales; queda al descubierto que alguien torció la ley y se pronuncia la grave acusación a la Fiscalía estatal de fabricar delitos.
Con justa razón, a los ciudadanos nos queda en la boca el amargo sabor de suponer que entre los gobiernos se cuidan las espaldas; pareciera que, en un gesto de auténtica burla, se sacan de la manga el dictamen de neumonía como causa de la muerte. Y sí, los ciudadanos tenemos mil y una razones para desconfiar, pero hay que procurar que esa desconfianza no nos aparte de la objetividad que necesitamos para construir criterios que busquen justicia y no nos conviertan en verdugos de ciudadanos sin responsabilidad, quienquiera que estos sean.
El único momento en la línea de investigación del que se tienen video minuto a minuto es el período durante el cual José Eduardo Ravelo estuvo detenido en las instalaciones de la Policía Municipal y después todo es una nebulosa de declaraciones erráticas e imprecisas acompañadas por silencios, sin embargo, hasta antes de las conclusiones de la FGR, todos los dedos apuntaron hacia Renán Barrera.
¿A quién beneficia el daño de la imagen pública del alcalde? ¿Cuál es la postura de estos actores políticos ahora? ¿Qué opinan los senadores, en especial la senadora Camino (antes implacable en sus acusaciones al recién reelecto alcalde) de las conclusiones de la investigación de la Fiscalía de la 4T? ¿Ya no tienen nada qué decir? ¿O, por no tener a quién lesionar, se les quitaron las ganas de opinar?
Las omisiones y fallos de la FGE esperan por responsables a los que el gobernador Mauricio Vila prometió dar escarmiento ejemplar. ¿Qué funcionarios pueden haber distorsionado, fabricado u ocultado pruebas de lo que sucedió en el período que va del 22 de julio al tres de agosto de 2021?
Esperemos que, una vez concluida la investigación interna, se tenga el acierto de definir quiénes son los verdaderos responsables y no se encuentren nuevos chivos expiatorios, funcionarios de menor rango sin razones lógicas o al menos creíbles para cometer faltas semejantes. Los ciudadanos nos quedamos, como siempre, espulgando las verdades de las mentiras.— Mérida, Yucatán.
Licenciada en periodismo y maestra en relaciones públicas; exfuncionaria del Ayuntamiento de Mérida y del gobierno del estado