“No se equivoquen, todo el esquema de obra pública será centralizado”, advierten representantes del “clan de los moches” a ingenuos alcaldes electos que buscan pagar adeudos poselectorales. “No se olviden de cómo se logró el triunfo de Morena”, les recuerdan. La “deuda” con los financieros de la campaña por la gubernatura es muy alta, y hay prioridades.
Los electos acuden al alto mando morenista pues les apremia cumplir “acuerdos de trabajo” con empresas constructoras y prestadoras de servicios que les “facilitaron” recursos para financiar actividades proselitistas, movilizar votantes y levantarse con el triunfo en municipios de Yucatán. Los “patrocinadores” exigen lo pactado (bit.ly/4cOryBB).
A poco más de un mes de las elecciones, comienzan a pasar factura enquistados vicios del sistema electoral mexicano como el financiamiento de campañas mediante oscuras contribuciones de empresas que aportan dinero ilícito, útil para comprar votos e influir en los resultados, a cambio de beneficios futuros vía la adjudicación de contratos.
En ausencia de mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas, a falta de efectivas leyes anticorrupción, de estrictas instituciones de vigilancia de la gestión pública y de fuerte presión social, nuestra débil democracia sucumbe con facilidad ante el ataque de ambiciosos políticos e inversionistas cómplices que delinquen sin temor a ser castigados.
Cuando el poder se concentra en pocas manos y no se cuenta con suficientes mecanismos de control y equilibrio, aumentan las posibilidades de éxito de casos de fraude, soborno y tráfico de influencias como el escandaloso de la compraventa de luminarias para el sistema de alumbrado público de Mérida.
CORRUPCIÓN DOCUMENTADA
Documentados, no desmentidos reportajes de “Central 9”, unidad de investigación de Grupo Megamedia, demuestran desde 2011 que el escándalo de las luminarias involucra a importantes funcionarios de los gobiernos estatal y municipal de Ivonne Ortega y Angélica Araujo, que desvían sin freno, con oscuros fines, millones de pesos, en contubernio con inversionistas del norte del país y poderosa institución financiera española (bit.ly/461J4zE).
El impune “negocio redondo” de las luminarias arrastra también a polémicos personajes como el exfiscal Wílberth Cetina y el exdiputado Luis Hevia, hoy protegidos de Mauricio Vila y Huacho Díaz, y a corruptos jueces locales y federales, en polémico caso (bit.ly/4cIb3XI) que ilustra con claridad los riesgos que la sociedad corre por la falta de efectivos contrapesos.
También escandaloso es el caso del “clan de los moches”, que desde 2014, con la bendición inicial de los diputados Raúl Paz y Huacho Díaz, entonces panistas, recibe jugosos contratos de obras y servicios públicos de gobiernos estatales, municipales y organismos federales vinculados con los programas del Bienestar.
Encabezado por los hermanos Millet Encalada, inversionistas de corto plazo, el clan se enriquece a través de complejo sistema de intercambio de beneficios que en la última campaña política le apostó por igual a las aspiraciones de Renán Barrera y a las del gobernador electo Díaz Mena, quien, consciente de la fuerza de sus oponentes, tuvo que recurrir una vez más al apoyo de oscuro financiamiento para completar la estrategia asistencialista que le llevó a Palacio (bit.ly/4cAgjww).
“¡Nos saquearán, robarán y depredarán!, ¿alguien lo duda? Con un gabinete así, Yucatán no necesita ni un enemigo más”, denuncia la abogada Susana Gamboa, morenista desde 2017, en crítico análisis que advierte de peligros para las finanzas estatales por el cuestionado nombramiento, como responsable de proyectos estratégicos del equipo de transición, de Dafne López Martínez, “embajador plenipotenciario” del “clan de los moches” y cercano excolaborador de Ivonne Ortega y Rolando Zapata Bello (bit.ly/3WeL97c).
¿Qué debemos o podemos hacer en comunidad ante el avance de amenazas como las aquí descritas? ¿Estamos a tiempo de poner freno a las corruptas ambiciones de quienes pretenden seguir medrando, aprovechándose de la falta de efectivos contrapesos? ¿Qué harán las autoridades electas, en Yucatán y en Mérida, con las advertencias que les hacen incluso sus correligionarios? ¿Se atreverán a poner un alto a tanta impunidad?
AUDITORÍA Y VIGILANCIA
Acudimos de nuevo a las recomendaciones de “Ya Basta”, colectivo de la sociedad civil que en sus críticas a los gobiernos de Mauricio Vila y Renán Barrera les exige el cumplimiento de compromisos para adoptar un “esquema de contrataciones abiertas” que ayude a frenar actos fraudulentos, pues “ahí está el meollo de la corrupción”. Para que haya transparencia, requisito indispensable de la normalidad democrática, nos alerta “Ya Basta”, debe haber rendición de cuentas.
Nos enfrentamos en Yucatán al reto de establecer o revivir mecanismos de control como, por ejemplo, la promoción de efectivas leyes de transparencia, las auditorías frecuentes e independientes a las autoridades, el monitoreo permanente de los compromisos gubernamentales, aprovechando los avances tecnológicos, y el fomento de la presión social vía la participación activa de la comunidad en la vigilancia de la gestión pública.
Si queremos obtener mejores resultados de nuestros servidores públicos y evitar que en futuros procesos electorales inclinen la balanza la mayor o menor cantidad de recursos ilícitos que se obtengan para comprar votos e influir en los resultados, algo debemos hacer. “La indiferencia y la pasividad no son opciones aceptables”, como nos recordaba el papa Francisco en su visita de la semana pasada a Trieste.
A mayor vigilancia, menores posibilidades que la corrupción crezca. No lo olvidemos. Los políticos que buscan aprovecharse de esa indiferencia, y sus secuaces, lo saben muy bien.- Mérida, Yucatán.
*) CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA, director general de Diario de Yucatán y Grupo Megamedia