CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
A Mérida lo atrajo el irregular auge del negocio inmobiliario, que aprovechó, mediante empresas fachada, para lavar dinero a través de la construcción y venta de edificios de lujo. En su natal Suecia se le acusaba de encabezar peligrosa banda dedicada, entre otros delitos, al tráfico de drogas y armas, la extorsión, las amenazas, el cobro de deudas y los asesinatos por encargo.
Vivió muchos años entre nosotros. Se movía sin dificultad por Yucatán, en particular por su “muy segura” capital. Lo detuvieron en compañía de siniestro socio potosino que llevaba años aprovechándose de esa supuesta “tranquilidad” local. La empresa que los unía ofrecía la instalación de equipos de seguridad. Conocían muy bien a sus clientes… para luego asaltarlos.
“Mérida está en la mira del crimen organizado internacional para ampliar sus operaciones”, alerta un revelador reportaje de “Central 9” que Diario de Yucatán publica esta semana. Les atrae sobremanera el artificial “boom” de la industria de la construcción. La cruda realidad quedó expuesta con la detención de “El Griego”, líder de la organización criminal sueca “Dalen”.
Días antes nos lo había advertido, también en las páginas del Diario, el excomisionado policiaco Manelich Castilla: “La paz ha convertido a Yucatán en un potencial cómodo refugio para líderes criminales”. El “laureado modelo de seguridad de Yucatán”, alertaba Castilla Craviotto, “está en riesgo de volverse obsoleto ante la rápida modernización del crimen organizado”.
Para el experto en seguridad pública, el crecimiento urbano sin orden, en Mérida y en la costa, ya afecta la paz en la entidad. Llama al gobierno estatal a romper la inercia, emprender una reingeniería profunda y evitar que Yucatán sea el “patio trasero” de la delincuencia establecida en polos turísticos como Cancún. Exhorta a mantener y fortalecer la vigilancia ciudadana.
También por el Diario nos enteramos del aumento de la extorsión contra negocios establecidos, en particular restaurantes que habrían sido objeto de presiones por parte de autoridades de Salud en colusión con el impune “clan de los moches”. “Sonora Grill”, uno de los afectados, insiste en que “el gobierno miente para desviar la atención”. La autoridad, sin embargo, calla.
Entre los principales enemigos de la seguridad pública destaca la corrupción, especialmente en los cuerpos policiales, los ministerios públicos y las autoridades en general, lo que conduce a la impunidad y la desconfianza ciudadana. Cuando los delitos no se castigan, la población pierde fe en la justicia y los delincuentes actúan con mayor libertad, sin frenos.
Inciden también la falta de oportunidades laborales, educativas y de bienestar, así como la pérdida de valores comunitarios y el debilitamiento de la institución familiar. Estos factores crean entornos donde el delito puede percibirse como una alternativa de supervivencia. Sin educación en valores y ante una legalidad frágil, crece la tolerancia a la corrupción y la violencia.
LOS CONTRAPESOS
En el populismo, la inseguridad tiende a aumentar por la concentración del poder en el Ejecutivo y el debilitamiento de las instituciones que garantizan el Estado de derecho. Con el desmantelamiento de contrapesos —como el Poder Judicial y los organismos de fiscalización— crece la impunidad. Se tolera la corrupción entre los cercanos, lo que erosiona la legalidad.
Se generan así condiciones propicias para que la extorsión crezca y se normalice, en medio de un vacío de poder que los criminales aprovechan para establecer control territorial, muchas veces en colusión con las autoridades. Políticos y grupos delictivos cooperan para dominar territorios o sectores económicos, mientras los ciudadanos se ven forzados a pagar “cuotas”.
Como se ha comprobado durante los siete años del obradorato, la corrupción no es una desviación, sino una herramienta de gobierno que premia lealtades y financia estructuras de poder paralelas. La extorsión, en consecuencia, se convierte en un instrumento de control. La corrupción brinda protección; la extorsión, recursos y miedo para mantener el poder.
La inseguridad avanza en México, en particular en los estados gobernados por Morena. Lo confirman Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y ahora también Yucatán, aunque todavía de manera incipiente. Ya se nos había advertido sobre ese peligroso avance. La combinación de crimen organizado fortalecido e instituciones debilitadas resulta letal.
A lo anterior habría que sumar el crecimiento urbano desordenado, uno de los principales desafíos para la seguridad y el desarrollo sostenible. La falta de planeación y de una regulación estricta favorece el surgimiento de mafias inmobiliarias que se aprovechan de los vacíos legales y del contubernio con la autoridad para especular y lavar dinero. El peligro crece.
PROPAGANDA
Presionado, al parecer, por los hechos, el gobernador Huacho Díaz recurre nuevamente esta semana a la estrategia propagandística al destacar su visita al secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch. Asegura que se reunieron para “reforzar los mecanismos de cooperación, con el objetivo de mantener los altos estándares que prevalecen en Yucatán”.
La seguridad —subraya el gobernador— “es el cimiento del desarrollo económico y social de la entidad”. Insiste en la retórica, pero evita profundizar en las serias advertencias de Manelich Castilla. ¿Qué preocupa a Díaz Mena? ¿Qué sabe o qué ignora? ¿De qué debería informarnos? ¿Está al tanto de la red de complicidades que ya alcanza a las fuerzas de seguridad estatales?
Al concentrar el poder y erosionar los contrapesos, el régimen debilita el Estado de derecho, indispensable para sostener las condiciones que presume el gobernador Huacho Díaz. El retroceso en ese ámbito es considerable en México, como confirma esta semana el reporte del Índice de Estado de Derecho 2025 del “World Justice Project”, que vuelve a reprobar al país.
Un Estado de derecho efectivo —indica el reporte— “reduce la corrupción, protege a las personas de actos injustos y combate la pobreza”. En México, sin embargo, la tendencia va en sentido contrario: “el auge del autoritarismo y la debilidad de los contrapesos institucionales explican parte del deterioro” en la legalidad. El retroceso desde 2018 es, en efecto, preocupante.
¿Qué hacer para evitar que Yucatán siga convirtiéndose en un cómodo refugio para maleantes, para que Mérida no continúe en la mira del crimen organizado internacional? La presión social y la vigilancia ciudadana son claves. Contar con información confiable es indispensable. Supervisar la función pública y exigir cuentas a los gobernantes no es opcional.
Cuando la sociedad vigila, el crimen y la impunidad pierden terreno. Donde hay comunidad unida y activa —como recomienda Manelich Castilla— hay menos espacio para la violencia. Las señales de alerta se encienden una vez más. La participación ciudadana frena al crimen organizado, que prospera frente a la indiferencia social. Aún estamos a tiempo.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central del escrito es una advertencia urgente y razonada:
Yucatán, pese a su fama de estado seguro, ya muestra señales de infiltración del crimen organizado y de deterioro institucional, impulsadas por la corrupción, la falta de contrapesos y el populismo que debilita el Estado de derecho.
El texto sostiene que la paz yucateca es frágil y que la combinación de crecimiento urbano desordenado, impunidad y complacencia política puede convertir a la región en un “refugio cómodo” para delincuentes, si no se actúa a tiempo. Denuncia además el uso de la propaganda oficial para ocultar o minimizar los riesgos, mientras los indicadores nacionales muestran un preocupante retroceso en materia de justicia y legalidad.
Finalmente, el mensaje es también una convocatoria a la sociedad: la seguridad no puede depender solo del gobierno. La vigilancia ciudadana, la presión social y la información veraz son esenciales para contener la corrupción y frenar al crimen organizado. En suma, el escrito afirma que aún es posible preservar la paz y el orden en Yucatán, pero solo si la ciudadanía asume su papel activo antes de que sea demasiado tarde.
Los puntos principales del escrito:
1) El caso que revela la amenaza:
El auge inmobiliario de Mérida ha atraído al crimen organizado internacional, que utiliza empresas fachada para lavar dinero mediante la construcción y venta de propiedades de lujo.
La detención de “El Griego”, líder de una banda criminal sueca, exhibe que Yucatán ya está en la mira de organizaciones extranjeras.
La “tranquilidad” de la entidad está siendo aprovechada por delincuentes que se refugian bajo la apariencia de legalidad.
2) Corrupción y descomposición institucional:
La corrupción en cuerpos policiales y autoridades favorece la impunidad y erosiona la confianza ciudadana.
La falta de oportunidades, la pérdida de valores comunitarios y el debilitamiento de la familia crean condiciones que normalizan la violencia.
El crecimiento urbano desordenado y la especulación inmobiliaria agravan la inseguridad y abren espacio a mafias locales.
3) El efecto del populismo y el debilitamiento del Estado de derecho:
En los regímenes populistas, la concentración del poder y la erosión de contrapesos —como el Poder Judicial— debilitan la legalidad y aumentan la impunidad.
La corrupción deja de ser una desviación y se convierte en una herramienta de control político.
El deterioro institucional de México, confirmado por el “World Justice Project 2025”, muestra un retroceso serio desde 2018.
4) Yucatán en riesgo:
Estados gobernados por Morena, como Sinaloa, Chiapas, Tabasco o Quintana Roo, ya sufren altos niveles de inseguridad; Yucatán comienza a mostrar síntomas similares.
La combinación de crimen fortalecido e instituciones débiles es una amenaza directa a la paz yucateca.
5) Llamado a la acción ciudadana:
El gobierno estatal responde con propaganda, pero evita abordar las advertencias de expertos como Manelich Castilla.
La seguridad no depende solo de las autoridades: requiere vigilancia, participación y presión social.
Una comunidad unida y activa puede frenar al crimen y contener la corrupción.
Aún estamos a tiempo de evitar que Yucatán se convierta en refugio del crimen organizado.