Imaginemos un país que no amaneció en crisis de un día para otro. No hubo un anuncio dramático ni una decisión que encendiera todas las alarmas al mismo tiempo. Todo ocurrió de manera gradual, casi imperceptible. Al principio, el gobierno cuestionó a su banco central por “no apoyar el crecimiento”. Después vinieron los discursos: que las tasas eran demasiado altas, que la inflación estaba exagerada, que los técnicos no entendían al pueblo. Más tarde, se sugirió que el banco central debía “coordinarse mejor” con la política económica del gobierno. La palabra autonomía no se eliminó de la ley, pero comenzó a vaciarse de sentido.
El primer cambio parecía irrelevante. Se presionó para bajar las tasas de interés y el crédito se abarató artificialmente. Durante algunos meses pareció que la economía respiraba. La gente gastaba más, el gobierno se felicitó, y los mercados, aunque inquietos, decidieron esperar. Luego vino el segundo paso, más peligroso: se le pidió al banco central que ayudara al gobierno a conseguir dinero para cubrir sus faltantes, disfrazándolo de una medida temporal para “mantener el equilibrio”. Después, cuando eso ya no alcanzó, se permitió que empezara a circular mucho más dinero del necesario.
Poco a poco los precios empezaron a moverse. Primero la gasolina, luego los alimentos, después la renta. La inflación ya no era una cifra técnica, sino una conversación cotidiana. El salario alcanzaba menos. El ahorro empezaba a perder valor. El tipo de cambio se volvió más volátil. Los inversionistas exigieron mayores tasas o se retiraron. El banco central, ya sin credibilidad plena, reaccionó tarde. Cuando quiso corregir, el costo era mucho mayor. Subir tasas significaba provocar una recesión; no hacerlo implicaba dejar que la inflación siguiera devorando el ingreso de las familias.
El ciudadano común fue quien pagó la factura. No el presidente que presionó, no el político que celebró el crecimiento artificial, sino la madre que ya no pudo llenar la despensa, el trabajador que vio cómo su crédito hipotecario se encarecía, el pequeño empresario que perdió certidumbre para invertir. El dinero dejó de ser una herramienta confiable y se convirtió en una fuente de angustia diaria. Nadie votó por ese resultado, pero todos lo padecieron.
Así es como se pierde la autonomía de un banco central. No con un golpe, sino con concesiones sucesivas. Y así es como se afecta el bolsillo del ciudadano: lentamente al principio, brutalmente al final.
Por eso la autonomía de un banco central no es un capricho técnico ni una obsesión de economistas. Es una defensa social. Un banco central independiente existe para proteger algo tan básico como el valor del dinero. Para evitar que el poder político, con sus incentivos de corto plazo, utilice la política monetaria como atajo. Gobernar siempre implica la tentación de gastar hoy y dejar el costo para mañana. La autonomía monetaria es el mecanismo que impide que ese mañana recaiga sobre quienes no tuvieron voz en la decisión.
La inflación no distingue ideologías. Castiga más a quien menos tiene. Es un impuesto silencioso que no pasa por el Congreso, pero que se cobra todos los días. Cuando un banco central es autónomo, su prioridad es mantener la estabilidad de precios, incluso cuando eso es impopular. Incluso cuando significa decirle “no” al gobierno. Esa es su función ética: cuidar el poder adquisitivo de la gente, aunque nadie lo aplauda por hacerlo.
La historia económica del mundo está llena de ejemplos donde la subordinación del banco central al poder político terminó en inflación, devaluaciones y empobrecimiento. No porque los gobernantes fueran malintencionados, sino porque la lógica política y la lógica monetaria responden a tiempos distintos. La política piensa en elecciones; el banco central piensa en años. La política busca resultados visibles; la política monetaria busca estabilidad duradera. Cuando una se impone sobre la otra, el equilibrio se rompe.
Este debate, que parece teórico, hoy se manifiesta con claridad en Estados Unidos. La Reserva Federal, una de las instituciones más influyentes del mundo, atraviesa una tensión abierta entre su presidente, Jerome Powell, y Donald Trump. No es un desacuerdo técnico sobre una décima de tasa de interés. Es una disputa sobre quién debe decidir el rumbo del dinero. Trump acusa a la Fed de frenar el crecimiento, de no entender a la gente, de actuar contra sus objetivos políticos. Powell responde con cautela, datos y prudencia institucional.
Lo que está en juego no es solo la economía estadounidense, sino un principio que ha dado estabilidad al sistema financiero global: la independencia de los bancos centrales. Cuestionar la autonomía de la Fed envía el mensaje de que la política monetaria puede convertirse en instrumento electoral. Aunque no se concrete ninguna intervención directa, el simple hecho de ponerlo sobre la mesa erosiona la confianza. Y la confianza es el activo más valioso de un banco central.
México conoce bien esta historia. Durante décadas, el banco central fue un brazo del gobierno. El resultado fue inflación crónica, devaluaciones recurrentes y una pérdida sistemática del poder adquisitivo. La autonomía del Banco de México no surgió por moda ni por presión externa; surgió como respuesta a un fracaso histórico. Fue una decisión dolorosa, pero necesaria. Separar al dinero de la política para evitar que el costo de los errores fiscales se trasladara a los ciudadanos vía inflación.
Gracias a esa autonomía, México logró estabilidad de precios durante largos periodos. No resolvió todos los problemas del país, pero evitó uno de los peores. Hoy, muchos jóvenes no recuerdan lo que era vivir con inflación descontrolada. Y eso es una señal de éxito institucional.
Por eso, lo que ocurre en Estados Unidos no debe mirarse desde la distancia. Es una advertencia. Si la principal economía del mundo enfrenta tensiones que ponen en riesgo la autonomía de su banco central, ningún país está exento.
Por eso, hoy más que nunca, mantener la autonomía de los bancos centrales no es una discusión técnica. Es una defensa del bolsillo y de la dignidad de millones de personas. Y es una lección que no conviene volver a aprender por la vía del desastre.— Mérida, Yucatán
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Profesora Universitaria y Consultora Financiera