Inés Gómez Mont enfrenta una nueva demanda en su contra por violencia intrafamiliar la cual fue interpuesta por su exesposo, el empresario Javier Díaz, padre de sus primeros cuatro hijos: Inés, Diego, Javier y Bruno.
La conductora lleva “desaparecida” más de tres años luego de que fuera acusada junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, de lavado de dinero, vínculos con el narcotráfico y negocios ilícitos. Incluso, fue la Interpol quien emitió ficha roja para su búsqueda sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Javier Díaz, exesposo de Inés Gómez Mont, interpone demanda en su contra
De acuerdo con Milenio, Javier Díaz, expareja de la conductora, interpuso una denuncia por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, inició una carpeta de investigación contra Inés Gómez Mont.
La respuesta de la conductora fue rápida ya que promovió un amparo contra el juez de control de Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número 10, debido a que dio la orden de presentar a sus cuatro hijos menores de edad para su entrevista o valoración psicológica.

Patricia Marcela Diez Cerda, jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda y otorgó la suspensión provisional que protege a los menores contra el acto de investigación pues corren el riesgo de ser revictimizados.
“Es oportuno puntualizar que la pericial en materia de psicología, tendente a examinar a los menores víctimas, en su calidad de sujetos pasivos de un delito al ser valorados por un perito oficial, implicaría una revictimización o victimización secundaria, entendida como la suma de acciones u omisiones que generan un recuerdo victimizante”, señaló la jueza.
De acuerdo con Diez Cerda, los hijos de Inés Gómez Mont y Javier Díaz pueden sufrir ansiedad, estrés, angustia y malas relaciones interpersonales que pueden afectar su vida cotidiana, por lo que es deber de los juzgadores proteger a los menores.

También se ordenó que soliciten al titular de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para que en un plazo de tres días, señalen a un funcionario público como representante especial de los menores.
Inés Gómez Mont tiene en su contra diversas órdenes de aprehensión, una de ellas por el supuesto desvío de más de tres mil millones de pesos.
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