La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) entregó al Congreso del Estado el Segundo Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024, que incluye observaciones sobre un posible daño o perjuicio al erario de 75.8 millones de pesos.
La mayor cantidad, $73.1 millones, se concentra en el ámbito de los municipios. Le sigue el sector paramunicipal, con $2.7 millones.
En el caso de los municipios, esta segunda entrega considera la fiscalización de 41 ayuntamientos, que en conjunto generaron 45 informes individuales.
La diferencia en las cantidades se debe a que algunos municipios fueron objeto de dos auditorías, correspondientes a las materias de cumplimiento financiero e inversión pública.
Yaxcabá, el municipio con mayor daño
De los 41 municipios fiscalizados, el mayor monto de posible daño o perjuicio al erario corresponde a Yaxcabá, con 13 millones 802 mil 547 pesos y 17 observaciones finales.
Le sigue Dzilam de Bravo, con 6 millones 532 mil 983 pesos y 16 observaciones finales. Detrás está Teya, con 4 millones 888 mil 388 pesos y 15 observaciones finales.
Las entidades auditadas aún disponen de 30 días hábiles, a partir de su notificación, para presentar la documentación que justifique el ejercicio de los recursos observados.
El programa anual
El auditor superior, Rubén de Jesús Arjona Ortiz, indicó que con ese Segundo Informe se avanza en el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2025 y se da continuidad al proceso de revisión del uso de los recursos públicos durante ese ejercicio fiscal.
De acuerdo con el titular de la ASEY, esta segunda entrega considera los resultados de 83 auditorías practicadas a dependencias y entidades de los poderes Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos, municipios y entes paramunicipales, lo que representa un 67.41% de la población objetivo auditada, equivalente a $1,301.1 millones.
“Con esta segunda entrega, la ASEY consolida el proceso de fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2024, en estricto apego a la Ley de Fiscalización y bajo los principios de legalidad, objetividad y transparencia”, apuntó Arjona Ortiz.
Cobertura y alcances
El informe detalla que el Poder Ejecutivo fue objeto de 32 auditorías, con una muestra revisada de 784.3 millones de pesos. El Poder Judicial tuvo dos auditorías con una cobertura del 93.74%.
En el caso del Poder Ejecutivo se identificaron 85 observaciones preliminares, de las cuales 26 fueron solventadas. Persisten 30 no solventadas y 29 parcialmente solventadas. Por lo tanto, permanecen 59 observaciones finales.
Un organismo autónomo —el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales— fue auditado con un alcance en la cobertura de 75.3%, mientras que los municipios sumaron 45 auditorías y los organismos paramunicipales tres, con coberturas de 56.3 y 53.29%, respectivamente.
En total, en esta segunda entrega se formularon 661 observaciones preliminares, de las cuales 66 fueron solventadas, 244 parcialmente solventadas y 351 permanecieron sin solventar, lo que dio lugar a 595 observaciones finales.
El monto asociado a las observaciones con posible daño o perjuicio asciende a $75.8 millones , concentrado —como señalamos antes— en los ámbitos municipal ($73.1 millones) y paramunicipal ($2.7 millones).
Como resultado de las observaciones finales, la ASEY emitió 715 “acciones”. De ellas, 399 corresponden a promociones de responsabilidad administrativa, trece a recomendaciones, 96 a promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 207 a pliegos de observaciones.
El Poder Ejecutivo concentró 63 acciones; el Poder Judicial, cuatro; los municipios, 609, y los organismos paramunicipales, 39.
Las auditorías de desempeño, por su naturaleza, derivaron principalmente en recomendaciones, mientras que las de cumplimiento financiero generaron la mayoría de las acciones vinculadas con responsabilidades administrativas y pliegos de observaciones.
Cierre del ciclo
Rubén Arjona indicó que con esta segunda entrega, de tres establecidas en la ley, la ASEY ha completado 95 de las 232 auditorías programadas en el Programa Anual 2025, relativas a la Cuenta Pública 2024, para su análisis en la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción del Congreso del Estado, instancia encargada de su dictaminación.
“La revisión de los recursos públicos constituye un ejercicio de rendición de cuentas que fortalece la confianza ciudadana y el control democrático sobre el gasto público”, subrayó.
La ASEY también entregó al Congreso el Informe sobre la Situación que Guardan las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas con corte al tercer trimestre de 2025.
El reporte incluye, entre otros asuntos, la información de las denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán, las investigaciones y los procedimientos substanciados por las Unidades Investigadora y la Unidad Substanciadora de la ASEY, respectivamente, y, en su caso, los resueltos por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán.
