Bernardo Barrada Ruiz, presidente municipal de Paraíso, Tabasco

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó destituir al presidente municipal de Paraíso, Tabasco, Bernardo Barrada Ruiz, y a todos los integrantes del ayuntamiento por incumplir con una sentencia que ordenaba pagar a 23 empleados municipales más de 95 millones de pesos.

Durante la sesión del pleno, los ministros ordenaron también la consignación de dichos funcionarios y de los integrantes de la anterior administración del ayuntamiento, incluido el ex presidente municipal.

El caso derivó de una sentencia de amparo en materia laboral emitida en 2006 en la que se ordenó el pago de 40 millones de pesos a 23 empleados municipales que fueron despedidos.

Sin embargo, de acuerdo con la actualización de los pagos al 12 de octubre de 2017, la cantidad ascendió a 95 millones mil 865.56 pesos.

Los montos que se deberán pagar a cada trabajador van desde un millón a 13 millones de pesos, razón por la que entre el juzgado de origen y la Suprema Corte realizaron al menos 50 requerimientos de pago que fueron incumplidos.

De una revisión del expediente de origen —número 2745/2012, radicado ante el Juez Primero de Distrito en Tabasco—, el pasado 10 de enero el ayuntamiento informó que dio cumplimiento a la sentencia de amparo y por ello el juez ordenó enviar los documentos al máximo tribunal.

Sin embargo, los supuestos cumplimientos se referían a pagos de 10 mil pesos a los trabajadores, lo que no cubre la cantidad ordenada en el amparo.

En los últimos 20 años, la Corte ha ordenado destituciones en ocho ocasiones más y en 16 de ellas ordenó consignar a ex funcionarios. En total fueron separados de sus cargos 12 funcionarios entre directores, alcaldes, juzgadores, tesoreros y ahora el ex delegado.

En noviembre pasado, los ministros ordenaron la destitución del jefe delegacional en Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, Israel Moreno Rivera, además de su consignación y la de su antecesor, José Manuel Ballesteros, ante un juez penal por el delito de desacato.

Días después el jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila; el de Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, y la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, estuvieron a punto de correr con la misma suerte, pero de último minuto informaron estar realizando trámites para dar cumplimiento a las sentencias reclamadas.