Estudio documenta violaciones a derechos humanos, aumento de delitos, daño ambiental, perjuicios en cenotes y estrategias del gobierno para dividir a comunidades de la zona del Tren Maya en la Península de Yucatán
CIUDAD DE MÉXICO.- Un informe de observación presentado este martes revela graves violaciones a derechos humanos de las comunidades y el irreversible impacto y daño al medio ambiente por la construcción del Tren Maya en la Península de Yucatán.
La Misión de Observación, integrada por organizaciones de base, académicos y representantes del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN), documentó “profundas transformaciones territoriales y una sistemática violación a los derechos humanos en la región”.
Estrategias del gobierno para dividir a las comunidades
En conferencia realizada en el centro de Derechos Humanos Agustín Pro, María Hernández, del Colectivo Vida, denunció estrategias desde el gobierno para dividir las comunidades y romper el tejido comunitario.
Señala que esas estrategias se realizan a través de diferentes actores, incluidos líderes religiosos y figuras públicas, como el actual presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar, descrito como afín al gobierno y antes abogado de las comunidades de la región.
A esta situación se suma un marcado aumento de la violencia desde 2020, que incluye ejecuciones, asesinatos y desapariciones de jóvenes, niños, hombres y trabajadores del tren.
Tren Maya: aumento de delitos graves en la zona
Los observadores enfatizaron que la vida en las comunidades se ve radicalmente alterada por la presencia militar que custodia la zona, lo que coincide con un incremento en el tráfico de drogas y la trata de personas.
Según reportan, en la construcción de los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya, se contabiliza la pérdida de al menos 20 millones de árboles, causando la destrucción de ecosistemas, nidos de aves y el hábitat del jaguar y de fauna protegida.
El informe confirmó la afectación de cerca de 130 cenotes y cavernas, las cuales han sido perforadas, rellenadas o destruidas para la obra.
Además, se constató la instalación de aproximadamente 15,000 cimientos de acero y concreto directamente en el acuífero.
Grave daño a importante acuífero de México
Eso contamina el segundo sistema más importante de México y causa un daño inconmensurable, afirma el investigador Guillermo D’Chisty.
Por su parte, la investigadora antropológica Giovana Gasparelo dice que el proyecto del Tren Maya jamás fue un proyecto ferroviario, “en realidad es de reordenamiento territorial”.
Explica que el verdadero objetivo no es el transporte, lo cual se refleja en la existencia de estaciones vacías debido a la gran distancia entre los núcleos poblacionales y las paradas del tren.
“El Tren Maya es un capricho político. Nunca se diseñó como una opción de comunicación o de desarrollo, como nos lo quisieron vender”
“Es un tren sin destino, es un tren que va directo hacia la muerte”, exclama D’Chisty.
Descalifican consulta para el Tren Maya
En materia jurídica, se señala que el proceso de consulta realizado a finales de 2019 violó los estándares internacionales, pues no fue un proceso previo ni libre.
Además, denuncia que el proyecto avanzó sin contar con los permisos ambientales necesarios, segmentando los estudios para ocultar los verdaderos impactos de esta deficitaria obra.
Francesco Martone, juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, recuerda que el tribunal dictaminó en 2023 que el Tren Maya era un proyecto “etnocida y ecocida”, exigiendo al gobierno la suspensión inmediata de la obra, la desmilitarización de los territorios y la reparación integral de los ecosistemas dañados.
Temen daños por otros proyectos del gobierno de México
Los participantes reiteraron su preocupación de que otros megaproyectos en curso, como el Corredor del Atlántico o la conexión ferroviaria de México con Panamá, generen efectos igualmente perjudiciales para el medioambiente y las comunidades.
El Tren Maya fue un proyecto prioritario del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con una construcción de 1,554 kilómetros en los cinco estados del sureste: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La obra ha sido criticada por ONG y colectivos indígenas de la zona debido a su impacto ambiental en la región.