CIUDAD DE MÉXICO.- Desde 2019, el gobierno federal tenía conocimiento de que el tramo de la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec – donde recientemente ocurrió un accidente ferroviario – presentaba complicaciones técnicas significativas.
Esto debido a su orografía.
Así lo advirtió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en revisiones realizadas desde el inicio de la rehabilitación de esta vía férrea, en una zona montañosa de Oaxaca caracterizada por pendientes y curvaturas elevadas.
De acuerdo con los informes de auditoría, el trazo ferroviario enfrentaba condiciones adversas, ya que “la alineación de la vía se ve afectada por las ondulaciones del terreno y los obstáculos naturales que se presentan en su trazo”.
Estas observaciones se documentaron antes de que se pusieran en marcha los trabajos de rehabilitación que ahora están bajo escrutinio tras el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre.
El accidente dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 heridas, y ocurrió en un tramo rehabilitado entre Mogoñé Viejo y La Mata, en Oaxaca, a la altura del kilómetro Z 230+200, según confirmó la Secretaría de Marina, dependencia a la que el gobierno federal asignó la ejecución y supervisión del proyecto ferroviario.
Auditoría revela deficiencias en contratos iniciales de la Línea Z del Corredor Interoceánico
En la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas 263-DE, la ASF revisó los primeros contratos otorgados para la corrección de pendiente y conexión de la Línea Z, específicamente del kilómetro Z 186+100 al Z 242+000, en el tramo Mogoñé–La Mata.
Este análisis incluyó el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-08-2019, asignado por la empresa estatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT) a Daniferrotools, S.A. de C.V.
El órgano fiscalizador concluyó que “se observó una deficiente planeación de los trabajos”, al detectar que la rehabilitación inició sin contar con los estudios, proyectos ni el programa de ejecución totalmente terminados.
Además, señaló que las condiciones del contrato no permitieron a los licitantes presentar propuestas solventes para una ejecución continua de la obra.
La empresa estatal FIT justificó estas deficiencias al argumentar que se trataba de “obras públicas de gran complejidad”, sumado a la premura del cierre del ejercicio fiscal y al compromiso de cumplir con un proyecto prioritario del gobierno federal.
No obstante, la ASF determinó que dichas razones no eximían la responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados.
Rescisión de contratos y falta de transparencia en el proyecto
Como resultado de las observaciones, el contrato inicial fue rescindido, lo que constituyó la primera falla formal detectada en este tramo de la Línea Z.
La ASF solicitó al FIT iniciar procedimientos administrativos por las irregularidades detectadas, al considerar que los trabajos continuaron pese a la deficiente planeación identificada.
Sin embargo, la información pública disponible no permite conocer si dichas irregularidades fueron solventadas ni los motivos específicos que llevaron a la rescisión del contrato en 2019.
Tampoco se encuentra disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) la información completa sobre las contrataciones relacionadas con esta obra, a pesar de que el FIT está obligado a reportarla.
Esta opacidad ha dificultado el seguimiento público de un proyecto que fue presentado inicialmente como una rehabilitación sencilla, aunque en los hechos se trataba de una infraestructura estratégica diseñada para transportar grandes volúmenes de mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico.
Nuevas irregularidades en etapas posteriores de la rehabilitación del Tren Interoceánico
Las observaciones no se limitaron a la primera etapa.
En la auditoría de cumplimiento a inversiones físicas 106, correspondiente al ejercicio de recursos de 2021, la ASF analizó el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-13-2019, adjudicado para la segunda etapa de rehabilitación del mismo tramo ferroviario.
Este contrato, por un monto de 284 millones de pesos, fue otorgado a un consorcio integrado por Torres y Asociados, S.A. de C.V.; Ferro Maz, S.A. de C.V.; Chiñas Construcciones, S.A. de C.V., y Grupo Constructor Janus, S.A. de C.V.
La auditoría detectó un presunto desfalco de 229 mil pesos, debido a que se reportó el uso de maquinaria sin evidencia documental que acreditara su utilización real.
Dicha inconsistencia persistió en la auditoría de 2023, donde se identificó un probable daño a la Hacienda pública por 169 mil 824 pesos, derivado de conceptos no previstos en el armado de la vía.
Estos hallazgos evidenciaron una cadena de irregularidades administrativas a lo largo del proceso de rehabilitación.
Objetivos del Tren Interoceánico y cuestionamientos tras el descarrilamiento: 13 muertos, hasta ahora
Según las auditorías públicas, la rehabilitación de la Línea Z tenía como finalidad corregir la curvatura y pendiente de la vía “a fin de aumentar la seguridad, mejorar la eficacia operativa y los tiempos de recorrido, e incrementar el volumen de toneladas netas transportadas anualmente y el ingreso operativo”.
Estos objetivos estaban vinculados a la activación de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, como ejes del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las principales apuestas de infraestructura del gobierno federal.
Tras el descarrilamiento ocurrido en Nizanda, Oaxaca, las advertencias hechas por la ASF desde 2019 han cobrado relevancia, al evidenciar que los riesgos técnicos y administrativos del proyecto eran conocidos desde sus primeras etapas.
Esto sin que exista claridad pública sobre cómo fueron atendidos antes de que la tragedia ocurriera.
La investigación de El Universal fue mencionada durante la conferencia matutina de este martes de Presidencia, en la cual, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó la cobertura periodística del descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Desde Palacio Nacional, la mandataria pidió esperar a los peritajes oficiales antes de señalar responsables de la tragedia.