MÉRIDA, Yucatán.— En un acto de transparencia y aplicación de la justicia, el presidente municipal de Progreso (Julián Zacarías Curi) y el fiscal general (Juan Manuel León León) deberían informar con pruebas sobre la condición de los policías municipales del puerto involucrados en la muerte de Roberto Lanz, señaló la activista Martha Capetillo Pasos, integrante de la asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.
A raíz de este nuevo fallecimiento de un ciudadano a manos de policías municipales de Progreso, como publicó el Diario, surgieron contradicciones públicas entre el alcalde Zacarías Curi y familiares de Roberto Lanz, presunta víctima de la violencia policíaca en un retén de alcoholímetro en Progreso.
El alcalde asegura que brinda apoyo a los familiares
El presidente municipal de Progreso aseguró, en entrevista, que apoya a la familia del fallecido, que tiene contacto con ellos, que hace todo lo que está en sus manos para resolver el caso y que ya dio de baja a los policías municipales que propiciaron la muerte de esa persona.
Por otra parte, la versión de la familia es que no es verdad lo que dice el alcalde progreseño y no da la cara ni apoya ni saben si los responsables continúan sus labores o ya fueron consignados a la autoridad investigadora.
Crisis de derechos humanos en Yucatán
Lo que tiene claro Martha Capetillo es que este nuevo caso de presunto abuso y violencia policíaca tiene en franca crisis a los derechos humanos en Yucatán y prende los focos rojos en algunas corporaciones policíacas municipales porque ya son muchos casos donde los agentes están involucrados en muertes de detenidos que están bajo su custodia, son detenidos o están
encarcelados.
“No conocemos los detalles de forma directa, pero leo lo que se publica en la prensa sobre este nuevo fallecimiento a manos de la policía de Progreso y no está claro qué ha pasado con los policías involucrados, si fueron dados de baja sin consignarlos a la Fiscalía General se corre el riesgo de que haya impunidad o que estas personas huyan”, consideró la activista del Equipo Indignación.
Foco rojo para la seguridad ciudadana y la justicia
“El número de muertos, abusos policíacos y violencia policíaca en Progreso es un foco rojo para la seguridad ciudadana y la
justicia porque han ocurrido varios casos en ese municipio. Quiere decir que la policía no está capacitada, no hay una buena dirección del cuerpo policíaco y en este sentido el alcalde y el director de la policía municipal también tienen responsabilidad”.
Creación de un protocolo en casos que involucren a la policía
Recordó que Equipo Indignación desde hace dos años solicita la creación de un protocolo oficial que atienda casos donde la policía esté involucrado en fallecimientos, en tortura, muerte bajo custodia, muerte en la cárcel, brutalidad policíaca, pero hasta hoy las autoridades no responden en forma afirmativa.
“Son demasiados los casos de fallecimientos en el contexto de las detenciones policíacas en Yucatán”, afirmó. “Yucatán está ante una franca crisis de derechos humanos por la actuación de las policías municipales, en Progreso ya es un foco rojo”.
El caso José Eduardo Ravelo
Martha Capetillo dijo que el caso del fallecimiento de José Eduardo Ravelo, quien fue detenido por policías municipales de Mérida, pero en el proceso judicial se deslindó a éstos de toda responsabilidad, puso en los ojos del país a Yucatán, hoy queda demostrado que continúa la mala práctica del abuso, brutalidad y violencia policíaca, y que la policía municipal de Progreso no está capacitada ni entrenada para el desempeño de sus funciones de seguridad pública y protección ciudadana.
“No puede ser que cualquier persona esté en riesgo de muerte o sufrir lesiones, detenciones arbitrarias por la mala capacitación de la policía”, enfatizó.
“Sabemos que toda detención siempre va acompañado de malos tratos y cuando muere algún detenido hay una complicidad con la fiscalía general porque dictaminan muerte por infarto, por asfixia, todavía recuerdo una autopsia de un caso de Temax donde dictaminaron que la causa de la muerte fue por parasitosis”.
“Se ha pedido la integración de un grupo interdisciplinario que investigue en forma imparcial todo fallecimiento de alguna persona a manos de policías, pero tampoco lo ha creado el gobierno”, reiteró.
Activan mecanismo de impunidad
“Lo que hacen cuando hay este tipo de sucesos es que activan un mecanismo de impunidad porque no rinden cuentas ni informes, no hay responsables, impera la impunidad. En este caso del señor Lanz leí que los policías obligaron a borrar los vídeos que grabaron las personas sobre este incidente, eso es gravísimo. La fiscalía general tiene mucha responsabilidad en que los casos queden impunes, que me acuerde, solo un caso llegó a la sentencia que es la muerte de un detenido en Chicxulub Puerto”.
La responsabilidad del alcalde Julián Zacarías en el caso Roberto Lanz
Se le preguntó sobre la responsabilidad del alcalde Zacarías Curi en este reciente caso de presunta agresión policíaca.
“Es insuficiente que diga que se dieron de baja a los policías involucrados, además de apoyar a la familia afectada, debería de asumir su responsabilidad porque es la primera autoridad de Progreso, debe decir con claridad y pruebas qué está haciendo para que impere la justicia, debe garantizar y dar facilidades para la investigación, debe señalar quiénes son responsables además de los policías involucrados porque hay mandos intermedios”, destacó.
“Hay omisiones que deben de ser sancionados, debe quedar claro la forma como murió esta persona, si hubo brutalidad policíaca, reconocer si hubo impericia de los policías municipales y señalar responsables de quienes ponen policías que no están capacitados para el trabajo”.