Sobre las incongruencias
Filiberto Pinelo Sansores (*)
No cabe duda de que en Yucatán aún se practica la tortura e, incluso, la desaparición forzada. Nadie en su sano juicio pone en duda que se deben perseguir los delitos; pero es inaceptable que para hacerlo, a falta de capacidad para investigar, los cuerpos policíacos recurran a prácticas tan bárbaras e incivilizadas como éstas. Frecuentemente encontramos en las páginas del Diario relatos de detenidos que son víctimas de esta manera salvaje de sacar confesiones. El más reciente es el de los que supuestamente detuvieron en un retén, de los cuales uno está desaparecido.
A partir del 27 de enero y en días posteriores, el Diario ha dado a conocer los pormenores de este caso. Ese día el periódico informó que el anterior se registró una balacera en el Periférico de Valladolid entre policías estatales y ocupantes de un Tsuru con logotipo de la Fiscalía yucateca, “en el que viajaban, al parecer, dos sujetos que llevaban armas de fuego”.
Al día siguiente publicó que la Fiscalía confirmó la balacera, aclaró que eran tres los detenidos, negó que un vehículo rotulado con logos de la dependencia hubiera estado involucrado y afirmó que era un Golf de modelo antiguo el auto usado; que sus tripulantes, en lugar de cumplir la orden de detenerse dispararon contra los policías, que a su vez respondieron de la misma forma y que en el interior del vehículo hallaron mariguana y armas de bajo calibre. Publicó también que la SSP decía que no tenía conocimiento de los hechos (D. de Y., 28-01-18).
El Diario fue dando cuenta del desarrollo subsecuente de los hechos: que un juez de Control con sede en Valladolid decretó “la legal detención a las tres personas detenidas” a las que les fueron imputados los delitos de narcomenudeo, portación de armas prohibidas, daño en propiedad ajena y agresión a servidores públicos y que el vehículo en el que viajaban estos “peligrosos” narco-gatilleros era un viejo auto de 30 años de antigüedad. Asimismo, publicó los nombres de los detenidos.
El 7 de febrero publicó algo que llamó la atención de los lectores: que uno de los detenidos, Jhovany Ariel Estrella Trejo, no sólo no estaba entre los consignados en la audiencia de vinculación en el Juzgado de Control de Valladolid, celebrada el día anterior, sino que estaba desaparecido.
El asunto se hizo más complicado con la denuncia de su pareja ante la Fiscalía de Izamal de que Jhovany había desaparecido en la carretera a Cancún dos días antes —el 24 de febrero— del día de los balazos, cuando, en compañía de los otros dos detenidos, iba de regreso a ese centro turístico, lugar donde trabaja.
Según el Diario, la Codhey preguntó a la Fiscalía y a la SSP si lo tenían y la respuesta fue que “no refirieron tener a su disposición al ciudadano señalado”. O sea, una forma de decir que guardaron silencio. También publicó que los familiares de los detenidos denunciaron que éstos estaban siendo torturados para obligarlos a confesarse autores del asesinato de un taxista en Dzitás.
Un vídeo de la audiencia de vinculación ante el juez de Control por los supuestos delitos cometidos por el “tiroteo” del Periférico de Valladolid muestra a los dos presuntos delincuentes acusando a sus captores de haberlos detenido dos días antes de la balacera, y haberlos amenazado y torturado para que confesaran dicho crimen. Uno de ellos, José Luis Chan Yam, contó la trama: expuso que trabaja en Cancún y que cada semana viaja a Teya, Mérida, para ver a su esposa; que esta vez lo hizo acompañado de otro de los detenidos y de Jhovany, el extraviado, a quien dejaron en Tunkás para que visitara a su familia.
Según el relato, el miércoles 24 de enero, regresaron a Cancún, recogieron a Jhovany Ariel y siguieron adelante; en un retén a la altura de Dzitás fueron detenidos con el pretexto del polarizado del vehículo en el que iban y la falta de licencia del conductor, y se los llevaron a Mérida donde fueron torturados en un edificio que cree era de la SSP y en una camioneta Van blanca en la que los estuvieron paseando, para que se declararan culpables de la ejecución del taxista ocurrida días antes.
Después de todo esto, fueron llevados por sus captores y “obligados a participar en el montaje de la SSP”, del día 26, en el Periférico antes dicho.
El declarante quiso mostrar al juez las huellas de las agresiones que sufrió, pero éste no se lo permitió con el argumento de que eso “lo debe hacer un experto en la materia”. O sea, no se quiso tener una posible prueba de un hecho tan importante como es una tortura (D. de Y., 10-02-18).
Para culminar esta sarta de incongruencias, ahora el fiscal general del Estado, Ariel Aldecua Kuk, ha dicho que el desaparecido “al parecer ya está localizado vivo”, sin decir dónde se encuentra ni en qué condiciones está. Las contradicciones en que han incurrido los jefes de los grupos policiacos que participaron en las detenciones y las declaraciones de los inculpados y sus familiares permiten concluir que hay un caudal de mentiras en las versiones oficiales del caso.
El gobierno del Estado, del cual dependen la SSP y la Fiscalía General (que en el papel es autónoma pero en la práctica depende del gobernador), está obligado a aclarar satisfactoriamente el contenido de estas denuncias.
¿Dónde y cuándo fueron detenidos los presuntos narcotraficantes? ¿Por qué si fueron detenidos el 24 de enero participaron en una balacera el 26? ¿Dónde está el desaparecido que el fiscal dice que ya apareció? ¿No estaríamos en presencia de una desaparición forzada? ¿En manos de quién está la seguridad del Estado con estos métodos de investigar delitos para encontrar culpables? La sociedad exige respuestas.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa