Durante el gobierno de la República que concluye mañana, más de 85% de las obras públicas y adquisiciones federales se adjudica de manera directa, por arriba del 79% en promedio de las administraciones anteriores. En 2018, el presidente López Obrador anunció feroz lucha contra la corrupción y se comprometió a licitar todos esos contratos, salvo “honrosas excepciones”.
En promesa de campaña de alta prioridad, AMLO ofreció disminuir desigualdades entre los mexicanos mediante la reducción de niveles de pobreza, reasignando a obras de beneficio social los recursos que se obtendrían eliminando desviaciones que “caracterizaban la administración de los bienes públicos en los poco transparentes gobiernos prianistas”.
Al final del sexenio, se reduce de manera temporal la pobreza, gracias al aumento del salario mínimo, cuyo costo asume la empresa privada, y al reparto de dinero en los asistencialistas programas del Bienestar, en especial el de adultos mayores. Caen ciertos niveles de pobreza, pero se desploman los indicadores de productividad, que incentivan la economía.
De 2018 a 2024, la población en situación de pobreza, según el Coneval, disminuye en efecto del 41.9 al 36.3%, pero el número de mexicanos en pobreza extrema aumenta del 7 al 7.1%, la población vulnerable por carencias sociales crece del 26.4 al 29.4% y las personas con limitado acceso a los servicios de salud saltan del 16.2 al 39.1%, un retroceso sensible.
Crecen exponencialmente los recursos para el clientelismo, en detrimento del impulso al desarrollo, y los resultados son evidentes: el presupuesto anual del programa para adultos mayores, muy redituable electoralmente, se incrementa de $53,190 millones a 465,040, un aumento de 774.3%, pero el índice de productividad laboral cae de 101.95 a 97.39.
Con claros fines de control político, se favorece el asistencialismo sobre el desarrollo de largo plazo y se fracasa estrepitosamente en la batalla contra la corrupción. México se desploma en el “ranking” internacional de competitividad, del lugar 51 al 56, y en el “índice de capacidad para combatir la corrupción”, de “Control Risks”, caemos de 4.65 a 3.87.
LA CORRUPCIÓN
Además de la derrota frente a la violencia y el crimen organizado, con más de 200,000 muertes violentas en el sexenio, muy arriba de las 156,066 de Peña Nieto, 120,463 de Calderón y 60,280 de Fox, el gran pendiente del gobierno de AMLO es la cacareada lucha contra la corrupción, que retrocede con notoriedad según indicadores de “Transparencia Internacional”.
Encabezan la debacle en la estrategia anticorrupción el incremento en el porcentaje de ciudadanos víctimas de abusos en trámites gubernamentales, que pasa del 14.6 al 15.7%; la mayor extorsión e inseguridad en carreteras, sobre todo en estados gobernados por Morena, y el uso excesivo de adjudicaciones directas en lugar de licitaciones en obras públicas.
También resaltan la opacidad en la administración del creciente número de proyectos asignados al Ejército, las denuncias de nepotismo y conflicto de intereses, nunca a claradas ni investigadas, contra familiares y otras personas cercanas a López Obrador, y la arbitraria asignación directa de contratos de publicidad a empresas serviles al régimen obradorista.
En el reparto de dinero en efectivo vía programas sociales, se recurre en exceso a adjudicaciones directas en la compra de equipos y la contratación de servicios, y es seria la falta de transparencia en la elaboración de padrones y la entrega de apoyos, como sucede en Yucatán durante la polémica gestión clientelista de Huacho Díaz Mena como embajador del Bienestar.
Aunque podrían justificarse en casos de emergencia, las adjudicaciones directas permiten a gobiernos corruptos manejar recursos públicos, para fines oscuros, con menores transparencia y escrutinio público; asignar contratos a aliados políticos o empresariales en ilícito intercambio de beneficios, generalmente financieros, y fortalec er el perverso asistencialismo.
En contraparte, las licitaciones abiertas y controladas, claves para la administración eficiente de los recursos públicos, previenen el cáncer de la corrupción, frenan el avance de la impunidad y fomentan la competencia entre proveedores, en un entorno de negocios más justo, lo que suele traducirse en mejores precios y servicios de mayor calidad para el gobierno.
En Yucatán, que mañana mismo despide a un gobierno en el que predominaron, como a nivel federal, “la opacidad y la nula información pública, teniendo como sello la contratación por asignación desde el día uno hasta las obras en la Plaza Grande”, según denuncia el grupo cívico “Ya basta”, el déficit de licitaciones públicas también es un tema que alarma e inquieta.
Ampliamente documentado en páginas de Diario de Yucatán; ejemplo de simulación e impunidad, de los efectos en el corto y largo plazos de las asignaciones directas, muchas veces disfrazadas de licitaciones, el escándalo de 2011 por la compra irregular de luminarias chinas para Mérida, durante la turbia administración “ivonista”, nos ilustra con claridad el problema.
El negocio redondo por el cambio innecesario de 82,000 lámparas en la administración de Angélica Araujo, con millonarias ganancias para corruptos funcionarios municipales, instituciones financieras cómplices y empresarios coludidos, retrata fielmente las graves consecuencias de la apatía social ante las arbitrariedades de los poderes político y económico.
“Ha sido nulo el combate a la corrupción; mientras haya impunidad, se seguirá padeciendo este mal político, económico y social”, advierte “Ya basta”, al anunciar que sus ejemplares esfuerzos de vigilancia continuarán en Mérida, con una auditoría constante a la anunciada compra de nuevas luminarias, y en todo Yucatán, con una lupa sobre el nuevo gobierno morenista.
ABRIR LOS OJOS
¿Qué podemos hacer en Yucatán para inclinar la balanza en favor de licitaciones públicas sobre asignaciones directas, en pro del combate a la corrupción? Abrir bien los ojos sería muy recomendable. Prestemos atención a lo que dicen las nuevas autoridades, pero, sobre todo, estemos pendientes de lo que realmente hacen. No dejemos que nos engañen.
En el ayuntamiento de Mérida, muchas veces víctima de abusivos proveedores que se coluden con corruptos funcionarios, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada pone el ejemplo y ofrece una “gran licitación” para la compra de 80,000 nuevas lámparas led, el primer proyecto multimillonario de su gestión. Asegura que el proceso será transparente y nos invita al escrutinio público.
En el palacio de enfrente, que este martes estrena gobernador morenista y variopinto gabinete de marcada tendencia “ivonista”, que privilegia la lealtad y el pago de favores sobre la capacidad, se nos insiste, con el trillado discurso populista, que el de Huacho Díaz Mena será “un gobierno de puertas abiertas, donde ‘el pueblo’ será el protagonista del cambio verdadero”.
Aceptemos la invitación de las nuevas autoridades, pongamos manos a la obra en esa indispensable auditoría ciudadana que pone frenos al corrupto, prestemos atención a lo que nos ofrecen, exijamos que lo cumplan, y no olvidemos las grandes deudas y promesas incumplidas de los gobiernos que se van, para evitar, en lo que podamos, que se repita la triste historia.
“Ningún cheque en blanco a los nuevos funcionarios”, como nos recomiendan cinco analistas esta semana en nuevo “Foro Megamedia” (bit.ly/3BkqDuN), en reflexión de lo que se vislumbra con el cuestionado gabinete del gobernador electo. Celebremos con la banda “El Recodo” que “el pueblo regresa a Palacio de Gobierno”, pero no nos vayamos con la finta.
Las cinco claves de este texto:
1) Durante el sexenio de López Obrador, un alto porcentaje de las obras públicas y adquisiciones federales se asignaron de manera directa, superando el promedio de administraciones anteriores. Aunque en campaña AMLO prometió licitar la mayoría de los contratos para combatir la corrupción, la realidad mostró una tendencia hacia las adjudicaciones directas, afectando la transparencia en la administración de recursos públicos.
2) Si bien hubo una reducción en los niveles de pobreza, gracias al aumento del salario mínimo y los programas de asistencia social, la pobreza extrema aumentó ligeramente y más personas quedaron sin acceso a servicios de salud. Además, el incremento en los programas asistencialistas, como el destinado a adultos mayores, no se tradujo en mejoras en la productividad del país.
3) La lucha contra la corrupción, uno de los pilares del gobierno, también falló. México retrocedió en índices internacionales de competitividad y capacidad para combatir la corrupción. El uso de adjudicaciones directas, la opacidad en proyectos asignados al Ejército y las acusaciones de nepotismo, sin investigar, destacaron en la estrategia anticorrupción de AMLO.
4) A nivel local, el estado de Yucatán ha experimentado un patrón similar de asignaciones directas, particularmente en la administración de obras públicas. Casos como la compra irregular de luminarias en Mérida durante la administración de Angélica Araujo ilustran las graves consecuencias de la corrupción y la falta de transparencia en el manejo de recursos.
5) Para el futuro, se hace un llamado a la vigilancia ciudadana y a exigir que las nuevas autoridades, tanto a nivel federal como local, cumplan con sus promesas de transparencia y lucha contra la corrupción. Es crucial que la sociedad participe activamente en el escrutinio de los procesos de licitación y en la rendición de cuentas de los nuevos gobiernos para evitar repetir los errores del pasado.
Resumen de este texto en 10 puntos:
1) El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que concluye mañana lunes, registró más del 85% de las obras públicas y adquisiciones federales adjudicadas de manera directa, superando el promedio del 79% de las administraciones anteriores. Aunque AMLO había prometido una lucha frontal contra la corrupción y un compromiso con licitar todos los contratos, salvo excepciones justificadas, esta promesa no se cumplió en gran medida.
2) Una de las principales promesas de campaña de AMLO fue reducir las desigualdades entre los mexicanos, principalmente a través de la reasignación de recursos a obras de beneficio social. Sin embargo, la realidad muestra que el énfasis estuvo en programas asistencialistas, como el destinado a adultos mayores, en lugar de inversiones que promovieran el desarrollo a largo plazo.
3) El aumento del salario mínimo y los programas del Bienestar lograron reducir temporalmente la pobreza en México. De acuerdo con cifras del Coneval, la pobreza disminuyó del 41.9% al 36.3% entre 2018 y 2024, pero la pobreza extrema subió ligeramente del 7% al 7.1%. A pesar de los avances en algunos indicadores, el acceso a servicios de salud retrocedió, afectando a un mayor número de mexicanos.
4) A lo largo del sexenio, los programas asistencialistas crecieron exponencialmente en presupuesto, lo que incrementó el clientelismo político en detrimento del desarrollo económico y la productividad. Por ejemplo, el programa para adultos mayores incrementó su presupuesto de 53,190 millones de pesos a 465,040 millones, mientras que la productividad laboral se redujo, impactando negativamente la economía.
5) La lucha anticorrupción fue uno de los fracasos más notorios del gobierno de AMLO. A pesar de la retórica en contra de la corrupción, México cayó en el ranking internacional de competitividad del lugar 51 al 56, y el índice de capacidad para combatir la corrupción también retrocedió. Las adjudicaciones directas, la falta de transparencia en proyectos gestionados por el Ejército y denuncias de nepotismo minaron esta lucha.
6) Aparte de la corrupción, la violencia fue otro gran problema. Durante el sexenio de AMLO, más de 200,000 personas murieron violentamente, superando las cifras de administraciones anteriores, como las de Peña Nieto y Calderón. La inseguridad y la corrupción se vieron reflejadas en el aumento de extorsiones e inseguridad en carreteras, sobre todo en estados gobernados por Morena.
7) La asignación directa de contratos se convirtió en un problema sistémico. Además de las obras públicas, la falta de licitaciones transparentes también afectó la compra de equipos y la contratación de servicios en programas sociales. En Yucatán, la administración de Huacho Díaz Mena como embajador de los programas sociales fue criticada por su falta de transparencia en los padrones y entrega de apoyos del Bienestar.
8) El uso excesivo de adjudicaciones directas, aunque justificable en emergencias, facilita la corrupción y permite a los gobiernos manejar recursos públicos sin el escrutinio adecuado. Esto abre la puerta a que se asignen contratos a aliados políticos o empresariales en intercambios ilícitos de beneficios, lo que fortalece el asistencialismo clientelista en lugar de promover el desarrollo.
9) En Yucatán, la falta de licitaciones públicas es un tema que ha generado preocupación. Ejemplos como el escándalo de la compra de luminarias chinas en Mérida durante la administración de Angélica Araujo evidencian las graves consecuencias de la corrupción local. La apatía social ante estos casos contribuye a perpetuar el problema.
10) De cara al futuro, se enfatiza la importancia de la vigilancia ciudadana. En Mérida, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada ha prometido transparencia en la adquisición de nuevas lámparas led a través de una gran licitación, contrastando con el nuevo gobierno estatal morenista, que ha priorizado la lealtad y el pago de favores. La ciudadanía debe prestar atención a las acciones de las nuevas autoridades y exigir el cumplimiento de sus promesas.— Mérida, Yucatán.
*) CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA, director general de Diario de Yucatán y Grupo Megamedia
Correo: direcciongeneral@megamedia.com.mx
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