Si la reforma electoral que se prepara para febrero de 2026 puede describirse como una bomba de profundidad colocada para detonar en 2027, la revocación de mandato va más allá. No es un componente más del rediseño electoinstitucional ni un mecanismo accesorio de participación ciudadana. Es una carga de naturaleza distinta, capaz no solo de alterar al proceso electoral, sino de comprometer la estabilidad misma del Estado mexicano.
Cuando en 2019 la revocación de mandato fue incorporada a la Constitución, el debate público fue deliberadamente reducido a una consigna tan eficaz como engañosa: “el pueblo pone, el pueblo quita”. En la tribuna de la Cámara de Diputados, se confundieron dos figuras que no son equivalentes: la revocación como mecanismo de remoción anticipada del gobernante y el refrendo como ejercicio de ratificación política. No fue un error conceptual inocente: fue una decisión política.
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