CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
La derrota ciudadana es lamentable, y la amenaza al Estado de Derecho, preocupante. La farsa electoral del 1 de junio fue, en efecto, un éxito para el proyecto morenista de centralización del poder, pero una clara debacle para el ciudadano: hoy menos informado, menos representado y más vulnerable. El retroceso, con miras a 2027, resulta alarmante.
Nos prometieron una justicia más cercana al pueblo, pero lo que se está configurando es una justicia servil al obradorato y a sus propósitos de consolidación del poder. Con un proceso profundamente desconectado de la sociedad, las elecciones judiciales dejan un legado de retroceso democrático que podría tener consecuencias graves en próximos comicios.
Serias irregularidades denunciadas durante el proceso —marcado por el desconocimiento y la desconfianza— ensombrecen el panorama electoral. Destacan la casi nula participación ciudadana en la supervisión y el conteo de los votos, así como la magnitud y complejidad de la elección, que abrumaron y desmotivaron a millones de potenciales electores.
La lucha cívica de las últimas décadas sufrió un duro revés: la legitimidad se erosionó por una abstención histórica, y el voto informado casi desapareció ante la oferta excesiva y confusa de candidatos. También se perdió en transparencia, debido a la evidente injerencia del morenismo, y en equilibrios democráticos, con la toma de control del Poder Judicial.
El INE, uno de los grandes logros de la democracia mexicana, dejó de ser garante de un proceso transparente para convertirse en un simple operador electoral al servicio del régimen, un instrumento legitimador del autoritarismo. Pasó de ser árbitro autónomo y vigilante a cómplice pasivo de prácticas irregulares, como los “acordeones” morenistas.
El debilitamiento del INE implicó una cesión del poder ciudadano ante la voluntad del régimen. Sin un árbitro fuerte —como ocurrió durante la hegemonía autoritaria del PRI—, los ciudadanos vuelven a quedar solos frente al aparato estatal, sin garantías reales de que su voto sea libre y respetado. Un golpe severo a los pilares de una democracia funcional.
Las señales de alerta se encienden por todo México. A las denuncias de irregularidades de la OEA —que, como era de esperarse, no agradaron a Claudia Sheinbaum y su corte de aduladores (bit.ly/3STHU3M)— se suman organismos cívicos, eclesiásticos y empresariales que advierten sobre los riesgos que enfrenta nuestra frágil democracia con miras a 2027.
Aunque una abstención casi del 90% podría interpretarse como señal de que la sociedad ya no se deja envolver con facilidad por las mentiras del régimen, el centro de análisis “México Evalúa” advierte que, si no se actúa con firmeza ante las irregularidades, la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones electorales será profunda y duradera (bit.ly/4e6RVnV).
LOS CAPRICHOS
El “Observatorio de Laicos”, que denuncia un proceso amañado, mal organizado y excesivamente complejo, señala que nos encaminamos hacia una tiranía, donde el poder político ya no se sujeta a leyes ni a instituciones, sino a los caprichos del obradorato (bit.ly/3HFfEiS). Obispos como don Felipe Arizmendi exhortan a tomar muy en serio los “mensajes de la abstención”.
Preocupados por el daño al Estado de Derecho —clave para el desarrollo—, organismos empresariales en Yucatán denuncian falta de certeza, claro rechazo ciudadano y una “profunda desconexión” entre el electorado y los mecanismos democráticos. “El silencio también lleva un mensaje”, advierten. “El interés de los ciudadanos debe prevalecer” (bit.ly/3SRgdsk).
Los avisos son claros. Si no se actúa con firmeza para frenar la inercia autoritaria, el retroceso continuará en las elecciones de 2027, que en el caso de Yucatán serán cruciales por la renovación del ayuntamiento de Mérida, paso previo a los comicios estatales en 2030. El silencio de 2025 puede convertirse en la sombra que se cierna sobre 2027.
El retroceso democrático del 1 de junio podría propiciar una nueva ola de baja participación, donde la abstención facilite el fraude, lo cual conviene al régimen, confiado en su asistencialismo clientelista. Sin la vigilancia de órganos autónomos ni ciudadanos mejor informados, el uso de programas sociales como herramienta de control electoral se fortalecerá.
Si no hay un cambio radical en la tendencia —como una marcha atrás en los cambios al Poder Judicial—, podríamos enfrentar procesos electorales donde las impugnaciones sean resueltas por jueces alineados con el grupo en el poder. A ello se suma la inminente reforma al INE, que amenaza con restarle aún más autonomía al árbitro electoral.
PRUEBA, AVANZA…
Para el obradorato, el ensayo electoral del 1 de junio deja una enseñanza clara: es posible organizar comicios sin competencia real, sin participación ciudadana y, aun así, proclamarlos cínicamente como una “victoria popular”. El régimen prueba, avanza, mide reacciones… y cada retroceso democrático se normaliza si la ciudadanía no responde.
Lo ocurrido en las elecciones judiciales es un paso más dentro de un proyecto que busca sustituir la democracia representativa por una lógica de obediencia basada en el asistencialismo (bit.ly/45XSJt3). Si ese modelo se consolida en 2027, lo que estará en juego no será solo la elección de nuestros gobernantes, sino el futuro mismo del pacto democrático.
Motiva el despertar de organismos cívicos que advierten lo que podríamos enfrentar en 2027. Nos sumamos a las exhortaciones de la activista Patricia McCarthy Caballero, quien desde Yucatán llama a fortalecer una ciudadanía más activa y vigilante, que no se resigne ni normalice el “grave retroceso democrático” que estamos viviendo (bit.ly/45jIC1z).
No perdamos la esperanza, como recomienda Patricia. Hay que “resistir y proponer”. La defensa de 2027 comienza ahora. Las próximas elecciones pueden ser la oportunidad para revertir un modelo que ha debilitado los contrapesos políticos. Lo que no se detenga hoy se convertirá en regla mañana. Todavía estamos a tiempo.- Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
Mensaje del escrito:
El texto advierte que las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025 en México representaron un grave retroceso democrático impulsado por el régimen morenista, que debilitó al INE, desinformó a la ciudadanía y desvirtuó el principio de justicia independiente.
Señala que la altísima abstención, la falta de transparencia y la manipulación del proceso electoral son síntomas de una estrategia autoritaria más amplia que busca sustituir la democracia representativa por una lógica de control basada en el clientelismo y el poder sin contrapesos.
Mensaje de fondo:
A pesar del panorama desalentador, el texto llama a no resignarse: exhorta a la ciudadanía, en especial a los sectores organizados, a resistir, alzar la voz y prepararse desde ahora para revertir esta tendencia en las elecciones de 2027.
El autor advierte que la indiferencia de hoy podría normalizar los abusos del mañana. Pero aún hay tiempo para actuar.
Resumen en tres párrafos:
- Las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025 representaron un duro golpe al Estado de Derecho y a la democracia en México. Lejos de acercar la justicia al pueblo, el proceso —marcado por la desinformación, la complejidad y la injerencia del oficialismo— terminó por consolidar una justicia subordinada al poder político. La altísima abstención, la pérdida de transparencia y la pasividad del INE reflejan una preocupante regresión en los avances democráticos de las últimas décadas.
- Diversos actores —organismos civiles, religiosos y empresariales— han encendido señales de alarma ante un proceso que exhibe el desprecio del régimen por la legalidad y la participación ciudadana. El debilitamiento del árbitro electoral y la cooptación del Poder Judicial allanan el camino para comicios controlados, donde el asistencialismo y la manipulación sustituyen al voto libre. Si no se revierte esta tendencia, las elecciones de 2027 podrían profundizar la deriva autoritaria.
- No obstante, el texto lanza un llamado esperanzador: es tiempo de resistir, denunciar y organizarse. La sociedad civil debe despertar, actuar con firmeza y evitar que la farsa de 2025 se repita. Lo que está en juego no es solo el resultado de una elección futura, sino el pacto democrático mismo. Todavía hay margen para defender la participación ciudadana, los contrapesos institucionales y la vigencia de la ley.