MÉRIDA.— Documentos internos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) obtenidos por El País revelan que el Gobierno federal prohibió fiscalizar y sancionar múltiples irregularidades ambientales cometidas durante la construcción del Tren Maya. Esto, incluso cuando existían evidencias de delitos ambientales que, en otros proyectos, habrían derivado en la clausura inmediata de las obras.
El proyecto ferroviario comenzó en la administración de Andrés Manuel López Obrador y fue ejecutado en un periodo de cinco años. Durante ese tiempo, según funcionarios consultados por el medio español, la Profepa recibió instrucciones para no inspeccionar, no emplazar y no sancionar los incumplimientos detectados en campo.
Instrucciones de no sancionar al Tren Maya
Las inspecciones que sí se realizaron documentaron deforestación no autorizada, cambios ilegales de uso de suelo, bancos de materiales sin permiso, obras secundarias no registradas y modificaciones no aprobadas en los trazos del proyecto. Sin embargo, los inspectores fueron instruidos a no avanzar en los procedimientos administrativos que marcaría la ley.
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Un inspector de Profepa citado por El País, con dos décadas de experiencia, señaló que los equipos fueron convocados a “ayudar al proyecto”, corrigiendo sobre la marcha lo que no coincidía con las autorizaciones provisionales. No obstante, aseguró que los constructores, y especialmente el personal militar a cargo de algunos tramos, no atendían las observaciones debido a la presión por concluir la obra en los plazos establecidos.
El Gobierno anterior emitió un decreto que permitía a Semarnat otorgar autorizaciones provisionales para acelerar la construcción. Con ellas se iniciaron los trabajos sin contar con las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) definitivas, pese a que las obras ya llevaban meses en curso.
Irregularidades en la ruta del Tren Maya
Los documentos, elaborados en enero de 2024 luego de la primera inauguración del Tren Maya, enumeran al menos nueve “relevantes pendientes” en los primeros cuatro tramos, entre ellos:
- Deforestación en áreas no contempladas.
- Cambios de uso de suelo dentro del derecho de vía.
- Bancos de materiales sin autorización.
- Informes de cumplimiento pendientes.
- Modificaciones no inscritas en las autorizaciones ambientales.
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En los tramos 5, 6 y 7 —entre Cancún y Escárcega— la lista se amplía con faltantes de estudios justificativos para el paso por áreas naturales protegidas como la Reserva de la Biósfera de Calakmul, remoción de vegetación y vestigios arqueológicos sin permiso, ausencia de programas de reforestación o reubicación de fauna, obras modificadas sin autorización y manejo inadecuado de residuos.
Estos segmentos atraviesan ecosistemas de alta fragilidad como la Selva Maya, el sistema de cuevas y cenotes de la península y diversas zonas kársticas.
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Deforestación por el Tren Maya
El País documenta que, a pesar de recibir más de 230 denuncias populares por afectaciones ambientales, la Profepa tardó meses o incluso años en acudir a verificar los señalamientos.
Un caso citado ocurrió en marzo de 2022, cuando el Ayuntamiento de Solidaridad, en Quintana Roo, reportó un desmonte de selva para el Tramo 5 de dos kilómetros de largo sin autorización. La autoridad federal acudió en julio de 2023.
Información oficial señala que el Gobierno federal calcula en 7.2 millones los árboles talados durante la construcción. Sin embargo, organizaciones como CartoCrítica estiman una deforestación equivalente a más de 60 kilómetros cuadrados, principalmente en los tramos 5 y 6. Otros estudios independientes duplican esa cifra.
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Reconocimiento oficial y contexto legal
Ya en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, declaró que el proyecto requiere una “restauración integral”. Aclaró que al asumir el cargo el Tren Maya ya estaba concluido, por lo que no podían objetar su existencia.
Asesores legales consultados por El País señalaron que Fonatur y la Sedena, como promotores del proyecto, así como las empresas constructoras, Semarnat y Profepa, tienen responsabilidades administrativas y civiles por los daños y omisiones. También podrían existir implicaciones penales en caso de acreditarse encubrimiento, colusión o negligencia en la supervisión ambiental.
Adicionalmente, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza —un organismo ciudadano— enlista daños como fragmentación de hábitats, alteración de flujos hidrológicos y afectaciones irreversibles al sistema de cuevas por la instalación de pilotes profundos y el uso de maquinaria pesada.
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Oposición a la transparencia
El Instituto Nacional de Transparencia ordenó entregar copias de las actas de inspección del Tren Maya, pero la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal impugnó la resolución ante la Suprema Corte. A la fecha de cierre del reportaje de El País, las autoridades no habían respondido a las solicitudes de postura.
Mientras tanto, los documentos internos continúan revelando lo que funcionarios describen como un esquema de protección sin precedentes a un megaproyecto cuya construcción dejó impactos a lo largo de toda la península, incluidos zonas de alta fragilidad ambiental en Yucatán y los estados vecinos.